27/4/09

Ficha 10: proliferación de armamentos

1. Las armas, su proliferación y control

Cuando hablamos de proliferación de armamento como una amenaza a la seguridad global y de control de dicha proliferación (ya sea como limitación, desarme o contraproliferanción, términos que explicaremos más adelante), nos referimos al problema de los armamentos convencionales y no convencionales, las tecnologías para su desarrollo, los vehículos para su traslado y lanzamiento, y todas las cuestiones vinculadas a su comercio.

Cabe establecer una primera distinción entre armas convencionales y armas de destrucción masiva.

Las armas convencionales son difíciles de caracterizar con precisión porque comprenden desde equipamiento sumamente sofisticado (como los destructores y aviones de combate) hasta armas livianas (como rifles, pistolas, etc).
[1] Las Naciones Unidas califica de armas convencionales a “los dispositivos capaces de matar, inutilizar o causar daños a un blanco principal por medio de, pero no exclusivamente, materiales altamente explosivos, explosivos de combustible y aire (al contacto con el aire), energía cinética (propulsan proyectiles) o bombas incendiarias”.[2] Las armas convencionales son menos destructivas que las de destrucción masiva, pero mucho más accesibles (por costos y por regulaciones) y son las que se utilizan preferentemente en los conflictos armados que involucran a ejércitos regulares o son de tipo asimétrico.

Las armas de destrucción masiva comprenden dispositivos nucleares, químicos y biológicos susceptibles de causar daños a enorme escala a personas e infraestructuras. La comunidad internacional ha intentado durante largo tiempo limitar o prohibir la utilización y el desarrollo de estas armas, dado su potencial destructivo, y existen numerosos regímenes de control que analizaremos en la ficha.

En el caso de las armas de destrucción masiva (ADM) encontramos diferentes tipos de proliferación que amenazan la seguridad global. La proliferación vertical es la que se da entre los actores (Estados) que poseen arsenales de ADM y procuran incrementar la cantidad de armas o su poder destructivo. Un ejemplo de esto es la carrera armamentística que se dio entre USA y la URSS durante la Guerra Fría. La proliferación horizontal, por su parte, consiste en que nuevos actores (inicialmente se pensaba en otros Estados pero ahora también en actores no estatales como grupos terroristas) adquieran ADM por primera vez. Un ejemplo de proliferación horizontal sería el programa nuclear de Irán o Corea del Norte. Frente a la proliferación vertical, la comunidad internacional propone las limitaciones y el desarme (eliminación total de los arsenales existentes), mientras que para frenar la proliferación horizontal se habla de medidas de control y contraproliferación (uso de la fuerza preventivo para evitar la adquisición de ADM por actores que no las poseen).
[3]


2. Proliferación y control de armas convencionales
(Basado en Husbands y otros)

La proliferación de armas y tecnologías convencionales es una de las principales amenazas a la seguridad en el momento actual. Se estima que existen más de 600 millones de armas pequeñas y livianas en circulación, que fueron usadas en 47 de los 49 mayores conflictos ocurridos en los ’90 y que causan más de medio millón de muertes al año (entre conflictos, hechos delictivos y suicidios)
[4]. Además, con contadas excepciones (misiles balísticos y minas antipersonales) los gobiernos no se han propuesto controlarlas, muy por el contrario han desarrollado capacidades productivas y participado intensamente de su comercio.

Durante la Guerra Fría, la venta y transferencia de armas convencionales (acompañadas por asistencia técnica, capacitación y la instalación de bases militares) era una efectiva herramienta de política exterior de las superpotencias. De esta manera mantenían alianzas o tomaban partido en diferentes conflictos. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad fueron, durante todo el período, los principales proveedores de armas convencionales del mundo. A partir de la década del ’60, el principal consumidor de armas era el Medio Oriente.

Los acuerdos de venta de armas implicaron cierta transferencia de tecnología que derivó en que nuevos países desarrollaran capacidades productivas limitadas, entre ellos Alemania, Israel, Italia, España, Brasil, India y Corea del Sur.

Con el fin de la Guerra Fría, el panorama se modificó y las motivaciones económicas ganaron terreno frente a las políticas. El mercado se ha reducido si comparamos el volumen de transacciones actual con el de la Guerra Fría, pero continúa siendo atractivo tanto para gobiernos y empresas lícitas como también para el crimen organizado global. El 90% de las transacciones se produce con un grupo de 10 o 15 países en desarrollo: Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Irán, Kuwait, India, Pakistán, China, Indonesia, Malasia. También se incluyen en este “top ten” países desarrollados como Israel, Corea del Sur y Singapur. Los principales proveedores continúan siendo los mismos que durante la Guerra Fría y, a partir de 2006, USA volvió a convertirse en el primer proveedor de armas a nivel global y en particular hacia los países en desarrollo.
[5]

La industria armamentística de USA y la ex URSS se encontró con que estaba sobredimensionada al culminar la Guerra Fría. Lo mismo pasó con los países de Europa Occidental. Cada complejo industrial adoptó diferentes estrategias: consolidación, desarrollo de tecnologías de uso civil y una feroz competencia por acceder a los mercados de exportación (países en desarrollo). La presión de los oferentes contribuyó a promover la proliferación.

En cuanto a los arsenales acumulados durante la Guerra Fría por los países de la OTAN y el Pacto de Varsovia, sin el prospecto de otra gran guerra convencional en ciernes, dejaron de tener sentido. Los gobiernos revendieron o transfirieron parte de este stock (a países como Grecia, Turquía, Corea del Sur), mientras que otra porción terminó siendo comercializada en el mercado negro (en particular los arsenales que estaban ubicados en la ex repúblicas soviéticas y países de Europa del Este que carecían de controles efectivos).

Esta relativa accesibilidad a las armas convencionales contribuyó a alimentar conflictos en países en desarrollo, con gran cantidad de víctimas civiles, generando situaciones de violencia endémica que imposibilitaban el desarrollo sostenible. Las armas convencionales son susceptibles de pasar de un conflicto a otro: los mismos rifles que usaron los soldados americanos en Vietnam luego se encontraron en Centro América y el Medio Oriente. No hace tanto (2007) se descubrió en nuestro país un caso de corrupción vinculado a la venta de fusiles de “desguace” de Fabricaciones Militares a una empresa con base en Connecticut, cuyo titular era un argentino que las revendía a través de Internet.
[6]

En cuanto al control de las armas convencionales, los más interesados hasta el momento han sido las coaliciones de ONG’s dedicadas a asuntos humanitarios, paz y seguridad. Algunas de estas coaliciones han promovido la prohibición de las minas antipersonales
[7], la restricción en el comercio de armas pequeñas (International Action Network on Small Arms, grupo de 500 ONG’s) y el proceso de Oslo orientado a la prohibición de las bombas de cluster (contenedores que llevan municiones más pequeñas, que al ser instaladas o arrojadas disparan las municiones cubriendo una superficie equivalente a 2 o 3 estadios de fútbol). A medida que el tráfico ilícito de armas se ha ido vinculando con otras formas de comercio ilícito (narcotráfico principalmente) y acciones terroristas, las agencias de seguridad gubernamentales también han comenzado a tomar cartas en el asunto (hay iniciativas regionales encaradas por la OEA y la UE, y las Naciones Unidas han tratado el tema a través del protocolo de control de armas de fuego correspondiente a la Convención contra el Crimen Organizado de año 2000). La ONU ha intentado infructuosamente instalar el tema (en 1995 la Asamblea General dictó la primer resolución, luego la Secretaría General elaboró dos informes a partir del trabajo de grupos de expertos, se realizó una conferencia sobre el tema en 2001 y se estableció un programa de acción). Pero sólo ha conseguido avances en el contexto de reconstrucción post-conflicto (se hace necesario eliminar las armas para garantizar la continuidad y el respeto al acuerdo de paz). Países como Canadá, Bélgica, Suecia y Noruega se han involucrado activamente en estas iniciativas, pero USA continúa siendo uno de los principales obstáculos para la adopción de decisiones de control ya que no apoya las prohibiciones ni regulaciones al comercio lícito o las transferencias (tener en cuenta su política doméstica respecto a la compra y portación de armas).

Existen dos regímenes de control vinculados al tema de las armas convencionales: el MTCR y el Acuerdo de Wasenaar (ver Anexo).

ESTUDIO DE CASO: África Subsahariana
[8]

La mayoría de los conflictos de la post Guerra Fría ocurridos en la región de África Subsahariana (con la excepción de la guerra entre Etiopía y Eritrea) han empleado casi exclusivamente armas livianas y pequeñas. El comercio de éstas, tanto lícito como ilícito, contribuye a la continuidad de los conflictos y dificulta la reconstrucción post conflicto.

Se calcula que en África circulan 30 millones de armas de fuego, un número considerablemente inferior a los 200 millones que hay en USA. Sin embargo, estos 30 millones (un 80% de los cuales está en manos de civiles) han tenido terribles efectos desestabilizadores y han perpetuado los ciclos de violencia que impiden la paz y el desarrollo, debido a la falta de eficacia de los controles fronterizos (las armas y los combatientes se reciclan, pasando por ejemplo de Liberia a Sierra Leona, Costa del Marfil y Guinea) y lo laxa de la legislación que regula las transferencias. Si bien en la región existen más de 30 empresas fabricantes de armas, la mayor parte continúa proviniendo de Sudáfrica (principal exportador en la región) y del comercio ilícito.

Los embargos de armas, aplicados tanto sobre países como grupos rebeldes, no han sido efectivos. Desde 1992 han existido 15 embargos para la región que no han logrado disminuir la disponibilidad de armas, por ejemplo en Liberia, Sierra Leona y Sudán. Los gobiernos nacionales suelen ser cómplices de las violaciones a estos embargos.

Las consecuencias negativas de la presencia de estas armas livianas son:
Muerte y mutilación de miles de civiles al año (destruyen la fuerza laboral y generan costos sociales para el Estado y las organizaciones internacional de desarrollo, tanto gubernamentales como no gubernamentales).
Permiten la existencia de ejércitos de niños-soldado (las armas pueden ser portadas por personas de corta edad), como en Sierra Leona o RDC.
Como las armas continúan en manos de civiles al finalizar los conflictos, pueden reavivarlos o dar paso a actividades criminales y delictivas (ante la falta de oportunidades económicas para los ex combatientes desmovilizados).
Promueven la inestabilidad y dificultan la construcción de procesos de paz.
Impiden la llegada de ayuda humanitaria, asistencia oficial al desarrollo e inversiones privadas (al continuar la inseguridad e inestabilidad, ni los gobiernos, ni las ONG’s ni las agencias oficiales o empresas privadas quieren aventurarse).
Promueven el establecimiento de una cultura de la violencia que dificulta la reconstrucción del país (soldados desmovilizados y jóvenes, sin oportunidades de inserción social y progreso, ven en las armas, el crimen y la posibilidad de convertirse en señores de la guerra una alternativa viable).
Países comprendidos por la región de África Subsahariana: son 42 países, 6 de los cuales son estados isleños (Madagascar, Seychelles, Comoros, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe). Se clasifica en las subregiones de África Central (RDC, República del Congo , República Centroafricana, Ruanda, Burundi, Chad, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial), África Oriental (Kenia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia y Somaliland, Sudán), África Austral (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia, Zimbabwe) y África Occidental (Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo).
[9]


3. Proliferación y control de armas de destrucción masiva


La proliferación de ADM ha disminuido sustancialmente desde el final de la Guerra Fría, a pesar de la gran cantidad de estudios, declaraciones de políticos y notas periodísticas al respecto. Para las 3 vertientes de estas armas (nucleares, químicas y biológicas) existen regímenes de control establecidos que funcionan de manera relativamente exitosa. No obstante, subsiste el peligro de que estas armas caigan en manos de “Estados villanos” o actores no estatales (grupos terroristas) dispuestos a usarlas. Por otra parte, los regímenes de control existentes tienen que enfrentarse con la cuestión del cambio tecnológico (tecnologías de uso dual) y estratégico (surgimiento de nuevos Estados relevantes que aspiran a ser “acomodados” en los órganos de toma de decisión o a recibir un reconocimiento proporcional a su status).


3.1. Armas nucleares

A finales de la 2º Guerra Mundial el único país que poseía armas nucleares era USA. En 1949 la URSS hizo su primera detonación. Poco tiempo después, los restantes miembros permanentes del Consejo de Seguridad anunciaron su status nuclear. Hoy en día, pasados más de 60 años, apenas hay 8 países nucleares (los 5 mencionados, más India, Pakistán e Israel) más otros dos bajo sospecha (Corea del Norte e Irán, Irak ya quedó descartado pese a los antecedentes
[10]).

Estados Unidos: a pesar de haber finalizado la Guerra Fría, durante las 3 últimas administraciones de USA la estrategia nuclear seguía centrada en la preparación para un ataque masivo contra blancos rusos, combinando cabezas lanzadas desde tierra, aire y agua. USA posee el segundo mayor arsenal nuclear, con más de 5.500 armas de las cuales la mayoría es de tipo estratégico. Durante las dos presidencias de George Bush hijo, los planes para la defensa nuclear combinaban la identificación de 3 amenazas (Rusia, China y otras fuentes de proliferación como los “Estados villanos”) con el desarrollo de armas nucleares de bajo impacto (“miniatura”) que permitieran un uso real en caso de necesidad.
[11]
Rusia: mantiene los mayores arsenales nucleares (aproximadamente 3.400 armas estratégicas y más de 3.000 tácticas)[12] cuyo control es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Al desmembrarse la URSS y con la crisis económica que se sucedió, la capacidad de asegurar la inviolabilidad de las instalaciones, de mantener sus niveles de seguridad (necesarios para evitar desastres medioambientales o daños a la salud de la población)[13] y de solventar los gastos de personal se vio gravemente comprometida. Junto al tema de las “filtraciones” hacia el mercado ilícito (venta de componentes y materiales fisibles como el Plutonio 239 o el Uranio altamente enriquecido), también preocupa el mal funcionamiento de los sistemas (la CIA ha detectado que los sistemas de lanzamiento en ocasiones pasan a la modalidad de combate sin motivo aparente). Existen programas de cooperación bilaterales (USA-Rusia) para financiar el desmantelamiento de instalaciones nucleares y garantizar el control sobre los materiales fisibles.[14]
UK y Francia: combinados, poseen cerca de 500 armas nucleares de tipo estratégico.[15] Su estrategia consiste en mantener arsenales mínimos, debido al alto costo de mantenimiento y baja probabilidad de uso. El único incidente destacado fue la realización de pruebas nucleares por parte de Francia en 1995 y 1996, hecho que fue elevado ante la Corte Internacional de Justicia.
China: posee entre 250 y 350 armas nucleares, mitad estratégicas y mitad tácticas.
[16] A diferencia de Inglaterra y Francia, continúan desarrollando y modernizando sus capacidades (cantidad de armas nucleares, tecnología de transporte y de lanzamiento, submarinos). La capacidad de proliferación China puede ser interpretada como una amenaza (teniendo en cuenta el conflicto latente en Taiwán), así como también su disposición a comerciar con actores estatales “anti-sistema” o actores no estatales.[17]
Israel: se estima que posee entre 100 y 400 armas nucleares de tipo estratégico, aunque el gobierno nunca lo ha confirmado. Al respecto, los analistas realizan dos interpretaciones encontradas acerca de las implicancias del arsenal israelí: que ha contribuido a mantener bajo control los conflictos con los países árabes desde los años ’70 en adelante, y que alimenta la inestabilidad porque mantiene al gobierno israelí en una posición inflexible mientras que alienta a los países árabes a tratar de adquirir capacidades no convencionales (N, Q o B).[18]
India y Pakistán: poseen alrededor de 50 armas estratégicas cada uno, declaradas a partir de 1998 (cuando realizaron las primeras pruebas). India era considerado un país con capacidad nuclear desde 1974. Las detonaciones a finales de los ’90 deben interpretarse en dos niveles: como una demostrción mutua de sus capacidades en el contexto del conflicto de Cachemira y la competencia regional, y como una declaración ante el mundo de que no admitían el status quo conformado por el CTBT y el TNP (extendido indefinidamente). Si bien los países no cuentan con doctrinas o estrategias claras para la guerra nuclear en la región, la preocupación tiene que ver con la inestabilidad interna de Pakistán y la probabilidad de que coopere con “estados villanos” o con organizaciones terroristas o criminales. USA mantiene una relación ambivalente, ya que apoya a Pakistán (cooperan en la guerra contra el terrorismo) pero le ha conferido un status nuclear de facto a la India (en 2007, a través de una ley del Congreso, USA dispuso la cooperación nuclear pacífica reconociendo el status nuclear de India, revirtiendo así una política de varias décadas en la que se exigió que India desarmara su arsenal y se la marginó por su liderazgo del movimiento no alineado).[19]
Corea del Norte: desde 1994 existe preocupación de que esté desarrollando un programa nuclear (advertencias de la IAEA) pese a ser miembro del TNP hasta 2003. En 2006 desarrolló pruebas nucleares subterráneas, pese a estar involucrado en un proceso de negociaciones conocido como “The Six Party Talks” (incluyen a Corea del Sur, China, Rusia, Japón, USA y Corea de Norte. Los países asiáticos están preocupados por los efectos de una escalada del conflicto y el impacto económico de una oleada de refugiados). USA ha tratado de contener a Corea del Norte, manteniendo su compromiso con la región (defensa de Corea del Sur) y negociando acuerdos (inspecciones a instalaciones o congelamiento del programa nuclear) a cambio de asistencia económica. Varios analistas consideran que Corea del Norte utiliza sus supuestas capacidades (alrededor de 10 armas estratégicas) para “chantajear” a USA y conseguir insumos claves para la subsistencia del régimen (petróleo por ejemplo).[20]
Irán: se sospecha que tiene un programa de armamento nuclear encubierto, si bien no ha podido ser probado. USA promovía (en la administración Bush) un enfoque de sanciones y desmantelamiento total antes de sentarse a negociar, mientras que la UE proponía suspender las sanciones de la ONU si Irán ponía en suspenso sus actividades, para así sentarse a negociar.[21]


TNP o Tratado de No Proliferación Nuclear (1968-1970)
[22]

Ya desde 1946, la ONU comenzó a proponer la eliminación total de las armas nucleares, algo a lo que los países que ya las poseían no estaban dispuestos. En 1964, tras las detonaciones de China, los otros 4 Estados nucleares comenzaron a preocuparse por la proliferación horizontal y decidieron adoptar medidas diplomáticas y políticas. En 1965 el Comité de Desarme de la ONU propone adoptar un tratado respecto a la prevención de la proliferación, incorporando la preocupación por la proliferación vertical (que luego se discutió en otros ámbitos).

Prácticamente toda la comunidad internacional es parte del TNP (excepto Cuba, Israel, India, Pakistán, Corea del Norte y otros pequeños Estados irrelevantes) y, en 1995, se decidió prorrogarlo indefinidamente. El TNP congela un status quo de países nucleares (P-5) con derecho y países no nucleares (y sin derecho a adquirir capacidad), genera obligaciones diferenciales y crea incentivos para mantener el régimen en funcionamiento. Por una parte, los P-5 se comprometen a no usar las armas nucleares contra países no nucleares y a defenderlos en caso de ser atacados (garantías de seguridad positivas y negativas). Mientras que los países no nucleares se comprometen a no intentar desarrollar programas militares nucleares. Garantizados estos compromisos, se generan canales lícitos para la transferencia de tecnología nuclear de uso civil. Todas estas transferencias (materiales, tecnología, reactores, etc) deben realizarse bajo un régimen de salvaguardias y verificaciones a cargo del OIEA que establece las condiciones para el comercio nuclear. Existen dos regímenes informales de control nuclear que complementarían de alguna manera al TNP: el Comité Zangger y el Club de Londres (ver Anexo).

Algunos éxitos del TNP fueron:
- No se registran casos de transferencia de tecnología militar o armas nucleares de un P5 a un país no nuclear.
- En 1991, a raíz de una investigación del OIEA, se detectó que Irak (miembro del TNP) estaba desarrollando un programa nuclear de uso militar. El Consejo de Seguridad respaldó al TNP aplicándole sanciones a Irak.
- Con el desmembramiento de la URSS, las tres ex repúblicas que poseían capacidades nucleares (Bielorrusia, Ucrania y Kazajstán) renunciaron a su derecho (Protocolo de Lisboa al Tratado Start I) y suscribieron el TNP entre 1993-1994 (pese a lo cual se registró algo de tráfico ilícito y “fuga de cerebros”).
[23]


OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica)

Es parte de la ONU y aplica el sistema de salvaguardias a todas las instalaciones y actividades del ciclo nuclear. Todos los miembros del TNP deben firmar un acuerdo con el OIEA para llevar adelante las verificaciones (salvaguardias totales) y, en ciertos casos, el OIEA cuenta con programas de verficaciones ampliadas o especiales. En los primeros años de la década del ’90, el OIEA detectó más de 200 casos sospechosos de tráfico ilícito de materiales radioactivos. Tengamos en cuenta que no todos los casos de tráfico ilícito son responsabilidad de los Estados, ya que también se han dado casos en los que empresas privadas han transferido productos y tecnologías de doble uso guiadas meramente por un criterio comercial


CTBT o Comprehensive Test Ban Treaty (1996)

El CTBT es un tratado que prohibe toda clase de pruebas y explosiones nucleares (en cualquier ambiente y para cualquier propósito). Para la entrada en vigor del tratado es necesario que una serie de países con capacidades nucleares (militares o civiles) lo firme y lo ratifique. Aún faltan 9 de estos países, incluyendo a China y USA (Obama prometió en su campaña promover la ratificación por el Senado). USA realizó sus últimas pruebas en 1992.

Los antecedentes de este tratado se remontan a la Guerra Fría, cuando los países no alineados se oponían a las pruebas nucleares de USA y el tratado parcial de pruebas nucleares (1963) que prohibe las explosiones en atmósfera, espacio y submarinas (no fue ratificado por Francia ni China).

El texto del tratado prevé el establecimiento de un mecanismo de verificación y monitoreo bajo la responsabilidad de una nueva organización internacional (CTBTO). El sistema de verificación cuenta con cerca de 400 estaciones distribuidas en el mundo, muchas de las cuales ya están operativas.


Otros documentos y foros para el desarme nuclear
[24]

Los P-5, en particular USA y Rusia, no estaban dispuestos a discutir la reducción de sus arsenales tendiente al desarme en un foro dominado mayoritariamente por países no nucleares (como la Conferencia de Desarme de Ginebra o la de Revisión y Prórroga del TNP). Por eso, negociaron y adoptaron bilateralmente una serie de tratados aartir de los ’70 (las potencias mantuvieron una serie de negociaciones conocidas como “Strategic Arms Limitation Talks”). En 1986, en una reunión en Reykjavik, Reagan y Gorbachev anunciaron públicamente que trabajarían en forma conjunta en pos del desarme. En los ’90 fue el turno de los Strategic Arms Reduction Treaties I y II. El START I (1991) apuntaba a que cada potencia autolimitara la cantidad de misiles y cabezas nucleares que poseían. En el START II, los países aceptan la no utilización de los misiles intercontinentales de cabezas múltiples. Data de 1992, pero la Duma Rusa no lo ratificó. La demora –y eventual pérdida de relevancia del START II- tenía que ver con las discrepancias de USA y Rusia sobre el Tratado ABM (que prohibe los misiles antibalísticos / escudos antimisiles, que se utilizan como mecanismo de defensa frente a los misiles balísticos intercontinentales o los misiles balísticos disparados desde submarinos). Finalmente, en 2001-2002, START II fue reemplazado por el SORT (Tratado de Mscú), un tratado en el que cada parte acordaba recortar unilateralmente la cantidad de cabezas nucleares.

Una vez consolidada la CTBT, otra prioridad es trabajar en el documento de una Convención para la prohibición de materiales fisionables para la fabricación de armas nucleares o explosivos semejantes (abreviado: Convención cut off). Se propuso en 1997 pero aún no tuvo grandes avances. En principio, se acordó sacarlo del ámbito de la Conferencia de Desarme y trasladarlo a un grupo ad-hoc del TNP y que se aplicará únicamente sobre la producción futura y no sobre las reservas.

En algunas regiones del mundo se han firmado tratados para crear Zonas Libres de Armas Nucleares (África – Tratado de Pelindaba, América Latina – Tratado de Tlatelolco, Sudeste Asiático – Tratado de Bangkok, Asia Central – Tratado de Almaty)


Energía nuclear
[25]

El reciente debate en torno a la necesidad de reducir la dependencia energética del petróleo, puso sobre la mesa nuevas y viejas fuentes de energía. La alternativa nuclear, duramente criticada y descartada como opción después del desastre de Chernobyl (1986), está otra vez en alza. En Asia, China, India, Japón y Corea del Sur están desarrollando gran cantidad de reactores; mientras que en Medio Oriente Irán, Arabia Saudí, Egipto, Turquía y Jordania también.

Una serie de factores confluyen para darle nuevamente popularidad a la energía nuclear:
- El objetivo de USA de alcanzar la independencia energética.
- La necesidad de desarrollar fuentes energéticas que no contribuyan al calentamiento global.
- El desequilibrio entre crecimiento poblacional, crecimiento económico y reservas energéticas (petróleo básicamente).

Por otra parte, también presenta importantes desventajas:
- Los elevados costos de construir las plantas y adquirir los materiales fisibles.
- Las preocupaciones de seguridad (ambiental, sanitaria, etc).
- El riesgo de proliferación.
- La dificultad de almacenar y disponer de los residuos radiactivos.

Material recomendado:

El Global Governance Monitor del CFR provee una introducción multimedia e interactiva a la historia de la proliferación nuclear y de los regímenes de control y desarme.

El artículo de Graham Allison "Nuclear Disorder" y el de Charles Ferguson "The Long Road to Zero".

3.2. Armas químicas
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Las sustancias químicas utilizadas en la producción de armas susceptibles de causar daño al hombre y al medioambiente, son mucho más complejas de definir y controlar que las armas nucleares, ya que prima en ellas la doble finalidad (militar y civil). Cuando hablamos de armas químicas pensamos básicamente en emanaciones de gases, pero también en ataques sobre plantas o depósitos que liberen accidentalmente el gas, envenenamiento del agua potable, etc.

Veamos una clasificación de los gases tóxicos empleados en armamento (son lanzados en cabezas de misiles, fumigados desde tanques, disparados con aerosoles, rociados, etc):
Armas químicas débiles
- Gases lacrimógenos: por ejemplo el CN y el CS (menos tóxico). Una pequeña cantidad de CS puede provocar sensación de ardor en los ojos, lagrimeo abundante, dificultades para respirar, opresión en el pecho, náuseas, deseos de vomitar, secreción nasal y cierre involuntario de los párpados. Estos agentes no son mortales diseminados al aire libre, pero sí pueden serlo en ambientes cerrados. Se utilizan, por ejemplo, para desconcentrar manifestaciones.
- Gases vomitivos: uno de los más representativos es el DM. Sus efectos son similares a los del CS, pero más intensos y persistentes.
- Agentes urticantes: producen la sensación de haber sido flagelado con hojas de hortiga. Son más tóxicos que los anteriores.
- Gases incapacitantes: son gases físicos que dejan a la víctima temporalmente indefensa y psico-químicos que producen alucinaciones o furia maníaca. No actúan a través de la piel y por ello son más fáciles de evitar.
Armas químicas letales
- Agentes asfixiantes: sus efectos iniciales son semejantes a los gases antimanifestaciones y vomitivos, pero después de períodos de aparente recuperación aparecen los efectos mortales. Un ejemplo es el fosgeno (gas muy irritante, mezcla de cloro y óxido de carbono) que produce un encharcamiento de sangre en los alvéolos pulmonares, altera la difusión de oxígeno del pulmón a la sangre y como consecuencia la asfixia mortal. Otros son el cianuro de hidrógeno y el cloro.
- Gases vesicantes: producen pústulas dolorosas en la piel. El más conocido es el gas mostaza. Su inhalación produce efectos asfixiantes y el contacto con la piel ampollas, en los ojos ceguera. Es absorbido a través de la piel, por ello las mascaras antigas no son suficientes.
- Gases paralizantes / nerviosos: son los más tóxicos. Afectan los nervios que controlan los músculos e inhiben las enzimas orgánicas que eliminan las sustancias formadas por los impulsos nerviosos. Los gases llamados G son el GA (tabun), el GB (sarín) y el GD (soman). Cualquiera de ellos es capaz de causar la muerte con una sola inhalación. Los gases V, con una sola gota pequeña pueden matar fácilmente a un hombre. Estos gases se absorben a través de la piel, por lo que no bastan las máscaras.

Los efectos de los gases dependerán, no sólo de la cantidad de material usado, sino también de las condiciones climáticas y la concentración de la población. En líneas generales, sólo tienen un uso táctico (limitado).

El primer documento internacional que prohibió el uso de estos gases (asfixiantes, venenosos y similares) es el Protocolo de Ginebra de 1925. Anteriormente, en la 1º Guerra, se habían empleado profusamente. Numerosos países (Libia, Irak) están sospechados de poseer arsenales, aunque los únicos que lo han declarado abiertamente han sido USA, Rusia y Francia.

En 1992, tras una década de negociaciones, la Conferencia de Desarme aceptó el texto de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), que es el primer acuerdo de desarme negociado en el seno de un marco multilateral que prevé la eliminación de una categoría completa de ADM. La convención prohibe cualquier desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas. Clasifica a las sustancias en 3 listas, según grado de peligrosidad, y crea diferentes controles y limitaciones para cada lista. Exige que cada Estado Parte destruya las armas que posea, las instalaciones para su producción, que no transfiera sustancias de las listas a Estados que no sean miembros y a los que sí que lo haga bajo declaraciones de uso y garantía de no re-transferencia. Contiene disposiciones de verificación que afectan al sector militar y a la industria química civil, cuyo monitoreo combina la obligación de informar, inspecciones rutinarias sobre sitios declarados, inspecciones por denuncia, y colaboración para la armonización de políticas y prácticas; todo esto coordinado por la OPAQ (todas las decisiones se toman por mayoría, aunque para hacer una inspección por denuncia se necesita una mayoría de ¾. De 2002 en adelante, la OPAQ ha estado dirigida por un argentino, el embajador Rogelio Pfirter). La CAQ entró en vigor en 1997 y cuenta con más de 140 Estados parte. Israel y Corea del Norte son dos Estados que no son parte y pueden presentar cierto peligro de proliferación.

A partir de la entrada en vigor de la CAQ, 6 Estados parte declararon poseer armas químicas (USA, Rusia, India, Albania, Libia y un Estado no identificado) y se comprometieron a destruirlas. Los arsenales ascendían a 8,67 millones de componentes, como municiones y contenedores. Al momento se verificó la destrucción de casi el 50% de este arsenal.

En la actualidad, los temas que preocupan a la comunidad internacional respecto a la proliferación de estas armas son la versatilidad que dificulta el control en las exportaciones o transferencias, la adquisición de las sustancias por grupos terroristas (por ejemplo, el atentado producido con gas sarín en el subte de Tokyo) y la “fuga de cerebros” que se produce cuando algún país desmantela sus programas armamentísticos. Con relación a la CAQ, aún no se ha logrado crear un sistema internacional de vigilancia que permita clarificar diferencias en la información que proveen los Estados (la OPAQ sólo puede actuar ante denuncias). En tanto, Rusia ha experimentado problemas para cumplir con el cronograma de destrucción de arsenales por motivos económicos.


3.3. Armas biológicas
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Consisten en la utilización de microbios o agentes biológicos como armas, combinados con algún sistema de lanzamiento. En la mayoría de los casos (igual que con los agentes químicos), los agentes biológicos tienen doble finalidad que dificulta su control. Estas armas son microorganismos o virus que invaden el cuerpo, se multiplican y lo destruyen. Pueden ser usadas como armas estratégicas, para alcanzar a gran cantidad de personas a grandes distancias. Las hay del tipo contagioso (viruela) y no contagioso (antrax).

Estas armas son muy antiguas y, si bien muchos países han desarrollado programas o realizado experimentos, durante la segunda mitad del s. XX fueron cancelándolos debido al repudio generalizado que planteaba la comunidad internacional. Los países bajo sospecha son Irak (antes de la guerra se decía que poseía tularemia y antrax), Libia, Corea del Norte, Irán, Israel, Siria, India, Pakistán, China, Egipto y Sudán. Tanto Rusia como USA han manifestado haber cancelado sus programas, pese a retener cepas y muestras.

El régimen de control está fijado por la Convención de Armas Biológicas (CAB) de 1975, cuya eficacia es limitada ya que no cuenta con mecanismo alguno de verificación (hay un Protocolo, que establece listas de productos y sustancias, así como los lineamientos para comerciarlas; pero no entró en vigor). Las dificultades de definición generan preocupación en los países que temen intrusiones indebidas en sus industrias farmacéuticas. Por el momento, la CAB funciona a base de medidas de confianza (intercambio de información, consultas, reportes voluntarios de los países) y, en caso que surja alguna sospecha de proliferación, cabe realizar una denuncia al Consejo de Seguridad.

En la actualidad, los temas que preocupan a la comunidad internacional respecto a la proliferación de estas armas son la versatilidad que dificulta el control en las exportaciones o transferencias, el comercio ilícito de las cepas o agentes, su uso por organizaciones terroristas y la “fuga de cerebros” que se produce cuando algún país desmantela sus programas armamentísticos.


Tanto para el control de las armas químicas como de las biológicas, el régimen de control se ve complementado por las acciones informalmente coordinadas por el Grupo de Australia (ver Anexo).


Anexo – Regímenes de Control


MTCR - Missile Technology Control Regime
[28]

Es una asociación informal y voluntaria de países orientada a controlar un tipo especial de arma convencional avanzada: la tecnología de misiles balísticos. El MTCR fue creado en 1987 a instancias de los Estados Unidos y actualmente cuenta con 34 miembros (Argentina se sumó en 1993). El interés por controlar los misiles balísticos se debe a que no existe defensa efectiva contra ellos
[29], su velocidad es superior a la de otros vectores y maximiza el factor sorpresa (impide evacuaciones y otros sistemas de protección civil) y el tema tiene importantes repercusiones psicológicas y políticas.

El régimen, similar a otros regímenes de control de productores, se orienta al control de las exportaciones de misiles y tecnología misilística que sirva para propulsar ADM o armas convencionales de más de 500 kilogramos y con alcances superiores a los 300 km.

Cada miembro tiene una participación igualitaria y las decisiones se adoptan por consenso. El MTCR carece de estructura organizativa, se maneja a través de reuniones plenarias, otras reuniones y puntos focales en cada país (centraliza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia).

Acciones del MTCR:
Coordinación de mecanismos nacionales de otorgamiento de licencias de exportación. No impone prohibiciones sino que busca evitar la proliferación de sistemas de lanzamiento o transporte de ADM. Es compatible con el desarrollo de programas aeroespaciales pacíficos.
Establecimiento de lineamientos comunes de exportación aplicables a una lista de ítems controlados (equipamiento, software y tecnología catalogados como de categoría I o II según sean de uso militar o uso dual). Cada país los aplica independientemente de acuerdo con su legislación nacional y sus intereses. Por ejemplo, antes de realizar una transferencia de un ítem contenido en la lista de control, los países miembros se comprometen a obtener determinadas garantías del país comprador.
Intercambio de información entre las partes acerca de operaciones realizadas y licencias otorgadas.
Cooperación con países que no pertenecen al régimen (pueden elegir adherir a los lineamientos y aplicarlos sin ser parte del MTCR).
Establecimiento del Código de Conducta de La Haya contra la proliferación de misiles balísticos. El código fue elaborado en consultas con países miembros y no miembros y en 2001 se propuso a nivel internacional. Actualmente 110 Estados lo han suscripto.

El MTCR ha recibido numerosas críticas: tener un doble estándar a la hora de conceder licencias, no haber sido efectivo para eliminar los programas domésticos de desarrollo misilístico de los países no miembros (sí logró contener programas como el Cóndor II, el de Sudáfrica y el de Europa del Este que dependían de transferencias de tecnología de países miembros del MTCR, pero no tuvo éxito en los casos de Irán, Corea del Norte e Irak), y causar tensiones entre los países proveedores y demandantes.

Acuerdo de Wassenaar
[30]

Este acuerdo, originado en 1995-96 en la localidad de Wasenaar en los Países Bajos, es la continuación del Comité Coordinador del Control de Exportaciones (COCOM) de la OTAN hacia el Pacto de Varsovia y China. No se trata de un régimen de control, sino de un mecanismo de intercambio de información y transparencia. Cada miembro decide sobre sus exportaciones y en el Acuerdo de Wasenaar no se toman decisiones para vetarlas. El Acuerdo tampoco establece un sistema de control contra determinados países, sino que los miembros se comprometen a intercambiar información sobre sus transferencias de armas convencionales y bienes de uso dual a países no miembros. Existe un plenario que se reúne anualmente y grupos de trabajo (General, de Expertos, de Licencias y Control).

Actualmente Wasenaar cuenta con 40 miembros (Argentina es parte), pero dos importante productores y exportadores –Brasil y China- se mantienen al margen. Cada miembro se compromete a intercambiar información y a garantizar, a través de sus políticas nacionales, que las exportaciones y transferencias no contribuyan al desarrollo o fortalecimiento de capacidades militares peligrosas en terceros Estados (“rogue” states, regiones en conflicto, Estados embargados, etc). Los intercambios de información son confidenciales. En particular los miembros del Acuerdo esperan que otros miembros les notifique cuando han negado licencias de exportación a determinados países (si bien los restantes miembros no están obligados a negarlas ellos también).

El Acuerdo creó lineamientos y listas de control de productos de exportación (software, tecnología, armas pequeñas, armas livianas, sistemas de defensa aérea portátiles, ítems de uso dual, municiones, tanques, vehículos de combate, helicópteros de ataque, barcos de guerra, misiles), pero cada país las aplica de acuerdo con sus políticas y procedimientos nacionales. Las listas se dividen en general, ítems sensibles e ítems altamente sensibles.

En 2001, los miembros de Wasenaar se comprometieron a prevenir que las organizaciones o individuos terroristas adquiriesen las armas o tecnologías bajo su control, y coordinaron un bloqueo de ventas al régimen talibán.


Comité Zangger o Comité de Exportadores Nucleares
[31]

Es un grupo informal creado en 1971 e integrado por países proveedores de energía o componentes nucleares, con el propósito de garantizar que la cooperación no derivara en proliferación. Su nombre deriva del coordinador de la serie de reuniones inciales, el profesor Claude Zangger de Suiza.

El quid de la cuestión era cómo implementar el art. III.2 del TNP
[32] de forma consistente. Para ello, en 1974 desarrollaron un listado de materiales sujetos a controles de exportación que se denomina “Trigger List”. El Comité se reune dos veces al año (en forma confidencial) para revisar y corregir esta lista. Cuando un miembro del Comité Zangger va a cooperar con un Estado No Nuclear que es o no miembro del TNP, y la cooperación versa sober algún ítem incluido en la lista, debe ejecutarse una salvaguardia antes de la transferencia: el Estado receptor debe garantizar el uso no militar, someterse a los controles del OIEA / IAEA y garantizar que –si transfiere a su vez esta tecnología- aplicará los mismos controles.

El Comité cuenta con 37 miembros, uno de los cuales es la Argentina.


Club de Londres o Grupo de Proveedores Nucleares
[33]

Es un grupo informal, creado en 1975, e integrado por 35 países proveedores de materiales, insumos, tecnología o energía nuclear. Sus actividades son complementarias a las del Comité Zangger y el TNP. El grupo se creó, luego de la explosión nuclear realizada por India en 1974, para controlar que las transferencias tecnológicas con fines pacíficos no tuvieran un desenlace bélico. Entre 1978 y 1991 el grupo no tuvo actividad.

El mandato del grupo es más amplio que el del Comité Zangger, ya que también incluye el control sobre tecnologías y elementos de uso dual, estándares de seguridad física. El grupo cuenta con dos documentos de Lineamientos para Exportaciones Nucleares (material nuclear, reactores, material no nuclear para reactores, equipamiento para reprocesar o enriquecer material nuclear o agua pesada, tecnologías asociadas) y Exportaciones de Materiales de Uso Dual (podrían contribuir a un ciclo nuclear o a la fabricación de armas, pero principalmente se usan en la industria). El armado de los documentos se realiza a través del intercambio de información y las decisiones finales se adoptan por consenso. Cada Estado implementa los lineamientos de acuerdo con su legislación nacional.

El Grupo cuenta con un plenario que puede decidir crear grupos de trabajo técnicos o mantener determinadas relaciones con ciertos países para promover su adhesión a los Lineamientos. El soporte para las reuniones lo brinda la embajada de Japón en Vienna. Argentina es miembro.


Grupo de Australia
[34]

En 1984, una misión especial de investigación enviada por el Secretario General de la ONU alertó acerca del empleo de armas químicas en la guerra Irán-Irak. En respuesta a esto, una serie de gobiernos adoptaron medidas para regular la exportación de diversas sustancias químicas utilizadas en la fabricación de armas. Se vio la necesidad de garantizar que las industrias no prestaran apoyo, voluntario o involuntario, a otros Estados en la adquisición o utilización de dichas armas. Como las medidas no eran uniformes y había lagunas que podían aprovecharse, Australia propuso en 1985 que los mismos países se reunieran para armonizar medidas y promover la cooperación. A partir de 1990, la evidencia de materiales de doble uso aplicados al desarrollo de armas biológicas, llevó a incluir estos temas en la agenda del grupo.

El Grupo Australia (GA) es el resultado de un acuerdo informal entre Estados (hoy son 38) para permitir que los países de exportación o transbordo minimicen el riesgo de contribuir a la proliferación de armas químicas y biológicas. El Grupo se reúne anualmente en París para analizar cómo hacer más efectivas en su conjunto las medidas reguladoras de la exportación adoptadas a nivel nacional por sus participantes, trabajando a través de mecanismos de consulta y armonización.

Los países participantes exigen permiso para la exportación de los productos contenidos en las “Listas Comunes de Control”:
recursos y equipos para la fabricación de sustancias químicas de doble uso, precursores, y tecnología conexa;
patógenos vegetales;
patógenos animales;
agentes biológicos;
equipos biológicos de doble uso.

En la práctica, las medidas constituyen acuerdos de seguimiento y control de las exportaciones: sólo se deniega el derecho a realizar determinada exportación cuando existen motivos concretos para pensar en un posible desvío a programas de armas químicas y biológicas.
Los participantes no contraen obligaciones jurídicamente vinculantes: la eficacia de la cooperación depende únicamente del compromiso con los objetivos de no proliferación y de la efectividad de las medidas que cada uno de los países adopte. Estas medidas deben ser razonablemente fáciles de aplicar, tener carácter práctico y no obstaculizar el comercio normal de materiales y equipos utilizados con fines legítimos.

Todos los Estados participantes en el Grupo Australia son Estados Parte en la CAQ y la CAB (incluyendo Argentina).

Las tareas del GA han recibido el firme apoyo de las industrias químicas y biológicas de todo el mundo.

Citas bibliográficas
[1] HUSBANDS, Jo (2005) “The Proliferation of Conventional Weapons and Technologies” en BROWN, Michael ed. (2005) Grave New World. Georgetown University Press. Washington D.C.
[2] UNITED NATIONS INSTITUTE FOR DISARMAMENT RESEARCH consultado en http://www.unidir.org/pdf/articles/pdf-art2336.pdf
[3] GARRIDO, Vicente (1999) La Agenda de las Negociaciones sobre No Proliferación y Desarme en Un estudio sobre el futuro de la no proliferación. Monografías del CESEDEN. Centro Superior de Estudios sobre la Defensa Nacional. Madrid.
[4] Oficina de Desarme de las Naciones Unidas.
[5] STOHL, Rachel (2007) United States Reemerges as Leading Arms Supplier to Developing World. Center for Defense Information. Basado en “Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1998-2005” CRS Report for Congress preparado por Richard F Grimmett.
[6] LA NACION: “Armas: Garré admitió irregularidades”. 30 de Mayo de 2007.
[7] Las minas antipersonales estaban reguladas por la Convención de Prohibición o Restricción del Uso de ciertas Armas Convencionales Excesivamente Dañinas o con Efectos Indiscriminados (1983). En 1996 se reformó uno de sus protocolos para distinguir las minas anti tanques y anti personales y prohibir el uso de estas últimas. Durante los ’90, una coalición de ONG’s liderada por la ganadora del Premio Nobel de la Paz Jody Williams y apoyada por países como Canadá y Suecia promovió la prohibición del uso de estas minas y la destrucción de las existentes. La Convención de Ottawa se firmó en 1997 y entró en vigor 2 años después (cuenta con 160 miembros. USA sigue sin ser parte pero ha prometido adherir cuando encuentre una alternativa a este tipo de armas, especialmente en la zona de Corea, y también para las minas de uso dual). Como la Convención no estableció un mecanismo de verificación, la red de ONG’s que conformó la Campaña Internacional para Prohibir las Minas (ICBL) publica anualmente un reporte con el estado de la cuestión. El reporte indica que la cantidad de países productores ha declinado de 54 a menos de 15, que ya se han removido minas y destruido arsenales en más de 80 países signatarios, pero que aún no se ha avanzado lo suficiente en India, Pakistán, Belarús, Rusia, USA y China (con 110 millones de minas es el principal país poseedor de estas armas).
Para saber más sobre este tema, consultar:
http://www.apminebanconvention.org/ o WILLIAMS y GOOSE (2000) The International Campaign to Ban Landmines: toward a Mine Free World. Carnegie Endowment for Internacional Peace.
[8] STOHL, Rachel y MYERSCOUGH, Rhea (2007) Small Arms Continue to Inflict Damage in Sub-Saharan Africa. Center for Defense Information and Current History.
[9] Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_subsahariana"
[10] Después de la primera Guerra del Golfo, inspectores de la ONU habían encontrado numerosas instalaciones para el desarrollo de ADM (nucleares y químicas, utilizadas estas últimas tanto en forma interna como en conflictos con Irán, Kuwait y Arabia) y misiles. Lo más preocupante era que Irak, al ser parte del TNP, pudo acceder a transferencias de tecnología y materiales de uso pacífico con los cuales desarrolló –en forma paralela e ilegal- un programa nuclear.
[11] CENTER FOR DEFENSE INFORMATION (CDI): The World’s Nuclear Arsenal. Updated April, 2007.
FINEL, Bernard et.al. (2005) “The Perils of Nuclear, Biological and Chemical Weapons” en BROWN, Michael ed. (2005) Grave New World. Georgetown University Press. Washington D.C.
[12] CDI, Op. Cit.
[13] Un estudio de la oficina de Accountability del gobierno norteamericano evaluó los resultados de un progrmaa de cooperación bilateral para mejorar la seguridad de las plantas rusas, cuya contraparte era el Departamento de Energía y concluyó que los riesgos continúan siendo considerables. ELLISON, Brian (2007) Room for improvement in Russian Nuclear Sites. Center for Defense Information.
[14] FINEL, Op. Cit.
[15] CDI, Op. Cit.
[16] Ibid.
[17] FINEL, Op. Cit.
[18] Ibid.
[19] Ibid. Y CARTER, Ashton (2006) “How Washington Learned to Stop Worrying and Love India’s Bomb” en Foreign Affairs July/August, y CARTER, Ashton (2006) “America’s New Strategic Partner?” en Foreign Affairs July/August.
[20] Ibid, CDI, Op. Cit., y ZISSIS, Carin (2007) The Six Party Talks on North Korea’s Nuclear Program. CFR.
[21] BEEHNER, Lionel (2007) Getting Iran to the Table. CFR.
[22] Basado en GARRIDO, Op. Cit.; GARRIDO, Vicente (1999) La Agenda de las Negociaciones sobre No Proliferación y Desarme en Un estudio sobre el futuro de la no proliferación. Monografías del CESEDEN. Centro Superior de Estudios sobre la Defensa Nacional. Madrid. Y http://www.un.org/Depts/dda/WMD/treaty/
[23] GARRIDO, Vicente (2000) “Armamento nuclear, químico y biológico” en Retos a la Seguridad en el Cambio de Siglo. Madrid. Ministerio de Defensa.
[24] GARRIDO, Vicente (1999) Op. Cit.
[25] TESLIK, Lee (2007) Fission for Answers. CFR. Para más información, consultar la página de World Nuclear Association (http://world-nuclear.org).
[26] GARRIDO (1999) Op. Cit. Y http://www.un.org/spanish/Depts/dda/cwc/index.htm
[27] GARRIDO (1999), Op. Cit. FINEL (2005).
[28] http://www.mtcr.info/english/index.html
[29] En 2002 USA abandonó el Tratado ABM (misiles antibalísticos) que había sido firmado durante la Guerra Fría. A partir de ese momento se reavivó el debate por el “escudo antimisiles” que comprende la instalación de radares y sistemas de defensa en distintos puntos del globo (Alaska, California, Polonia, República Checa). En un artículo de 2007 publicado por el Real Instituto Elcano, el analista Ivan Konovalov analiza la supuesta utilidad de estas defensas frente a ataques perpetrados contra USA desde territorio iraní, irakí, ruso o de Corea del Norte; descartando su efectividad en todos los casos.
[30] http://www.wassenaar.org/
[31] http://cns.miis.edu/pubs/ionp/iaea.htm; http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/inf539.shtml y http://www.zanggercommittee.org/Zangger/default.htm
[32] 1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency’s safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.
2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this Article.
3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.
4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.
[33] http://cns.miis.edu/pubs/ionp/iaea.htm; http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/1997/inf539.shtml y http://www.nuclearsuppliersgroup.org/
[34] http://www.australiagroup.net/index_es.htm

22/4/09

Terrorismo y contrainsurgencia

Comparto con ustedes un interesante artículo de Fabián Calle y el link al Manual del Ejército que él menciona. Rescato la idea que les transmití ayer: los "nuevos" conflictos, no son tan nuevos; las amenazas se configuran y se crean, "no existen en cuanto tales".

Obama retoma ideas de Kennedy sobre guerrilla
Las semejanzas entre un presidente y otro se extienden hasta cómo se puede defender Estados Unidos por vía de la contrainsurgencia.
Por: Fabián CalleFuente: PROFESOR DE RELACIONES INTERNACIONALES (UCA, DI TELLA)


Desde la aparición pública de Obama como candidato en las primarias demócratas y luego en la carrera presidencial de noviembre pasado, se han multiplicado los análisis sobre la existencia de diversos paralelismos entre el mismo y otro joven senador estadounidense, sin experiencia ejecutiva y proveniente de una minoría (en este caso la religión católica) que llegó a la primera magistratura con un discurso focalizado en la necesidad de cambios: J.F. Kennedy (1961-1963). En este ejercicio comparativo, más o menos forzado, un punto parece haber pasado sustancialmente desapercibido: el énfasis de ambos líderes políticos en reforzar y priorizar las capacidades de los EE.UU. para hacer frente a grupos, organizaciones y redes armadas que recurran a tácticas y estrategias guerrilleras y/o terroristas que afecten los intereses de la superpotencia. Las serias dificultades vividas por sus tropas en Irak a partir del 2003, la situación crecientemente crítica en Afganistán y la escalada de violencia en amplias zonas de Pakistán derivaron en profundos replanteos dentro del establishment de la defensa de Washington. La elaboración y publicación en el año 2006 del nuevo manual Contrainsurgencia para el ejército y los marines con la firma de los generales D. Petraeus y Amos es un ejemplo clave en este sentido. Este medular escrito logra recuperar y readaptar muchas de las enseñanzas básicas de la historia de la contrainsurgencia (COIN) de textos tan añejos como el manual de los marines de 1940, otros escritos elaborados por las FF.AA. de los EE.UU. en la década de los 60 y 70 y la experiencia británica en Oriente Medio a principios del siglo XX y en Malasia, la francesa en Argelia y Vietman y del mismo Pentágono durante la guerra civil en El Salvador en los 80.El nuevo documento reconoce la necesidad de no caer en muchas de las simplificaciones y generalizaciones que potenció el trauma de los ataques terroristas del 11/9, tales como asumir que se está frente a un fenómeno totalmente nuevo, que las nuevas guerrillas y los terroristas no leen ni revisan los tradicionales manuales insurgentes del siglo XX y que con el término terrorista se sintetizan fenómenos tan complejos como insurgencia, guerrilla, resistencia, etc. Asimismo, ayuda a recuperar conceptos básicos como "guerra prolongada", la primacía y la guía de la política por sobre el accionar armado, que no necesariamente toda guerrilla recurre al terrorismo, la prioridad de conquistar "los corazones y las mentes" de los habitantes del escenario del conflicto y reconocer y buscar revertir las causas sociales, económicas y políticas que favorecen y nutren el accionar de los grupos armados enemigos. A no confundirse: la presidencia de Obama, acompañado por dos verdaderos convencidos de estas premisas básicas, tales como el ratificado secretario de Defensa R. Gates y el nuevo consejero de Seguridad Nacional, el general retirado J. Jones, no hará más que reforzar este abordaje que asume la vieja premisa de que si bien la historia no se repite, muchas veces rima.

Link al Manual: http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf

20/4/09

FICHA 9: Introducción a la seguridad internacional

1. Guerra, conflictos y violencia en la historia hasta mediados del s. XX


El conflicto y su escalada (la violencia) son características inherentes a las sociedades humanas, aunque se manifiestan en forma diversa y cambiante a lo largo del tiempo. Como señala Martin VAN CREVELD en su obra The Transformation of War, la estructura del conflicto armado en cualquier época es similar (quienes luchan, por qué luchan, para qué luchan, cómo luchan, cómo se conduce la lucha), pero la forma en que llenamos esta estructura es diferente en cada período histórico. Poco tienen que ver entre sí las guerras de las legiones romanas, las cruzadas del medioevo, las guerras religiosas en Europa, las Guerras Mundiales y la llamada “guerra contra el terrorismo” que enfrentamos hoy en día. O quizás, las modalidades antiguas de conducción del conflicto estén más relacionadas con los enfrentamientos actuales de lo que parece a primera vista.

La guerra, tal como la concebimos hoy en día, comenzó a perfilarse como tal a principios del s. XX. Se trata de un enfrentamiento ente actores similares (Estados Nación soberanos), que se valen de medios humanos y tecnológicos similares (ejércitos regulares, armas convencionales tácticas y estratégicas, ¿armas de destrucción masiva?) y que está sujeto a reglas previamente establecidas y aparentemente respetadas por ambos bandos en conflicto (derecho humanitario, trato dispensado a los combatientes y no combatientes, prohibición del uso de determinadas armas y tecnologías, reglas de empeñamiento, disciplina militar, cadenas de mando). Además, a partir de 1945, el uso o amenaza del uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales fue colocado fuera de la ley. El derecho público internacional – Carta de Naciones Unidas- prohíbe el recurso a la guerra excepto en dos ocasiones: con la autorización del Consejo de Seguridad o en ejercicio del derecho a la legítima defensa en los términos del art. 51.

Ahora bien, esto no siempre fue así. Desde que los Estados Nación se conformaron como tales, el derecho al uso de la fuerza fue uno de los elementos inherentes a la soberanía. Éste estaba limitado en forma consuetudinaria (costumbres de inspiración religiosa) para pueblos que compartían una misma raíz cultural, pero la observancia de la norma no era estable. Siempre estuvo presente la discusión moral en torno al ejercicio de este derecho, plasmada en lo que se conoce como las doctrinas de la guerra justa e injusta. Los padres fundadores del derecho internacional, Grocio (1583-1645) y Vattel (1714 – 1767), intentaron transformar estas doctrinas en normas positivas de alcance universal. [1]

Hacia finales del s. XIX y, más específicamente, en el período de entre guerras del s. XX comenzaron a esbozarse documentos jurídicos que buscaban la ilegalización del recurso estatal a la fuerza en la solución de conflictos internacionales: los Convenios de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949), la Declaración de San Petersburgo, las Conferencias de Paz de la Haya (1899 y 1907), el pacto de la Sociedad de las Naciones, el pacto de París o Briand –Kellog (1928), entre otros. Algunos de estos documentos buscaban acotar o morigerar las formas permitidas de conducir la guerra (por ejemplo, el trato dispensado a los combatientes tomados prisioneros, a los civiles y sus bienes, la prohibición del uso de determinadas armas), mientras que otros buscaban ilegalizar de plano la guerra aunque carecieran de fuerza vinculante para convertirse en disposiciones efectivas. El desarrollo tecnológico y la ampliación del poder destructivo de los armamentos, la capacidad de movilización de los ciudadanos frente a una situación de guerra, y la evolución doctrinaria en materia de derechos humanos fueron elementos que contribuyeron a la adopción de estos documentos.[2]

Antes de proseguir con el racconto histórico, cabe detenerse en una distinción importante que se señalaba en el párrafo precedente. Las normas que regulan el uso de la fuerza se clasifican en dos grandes ramas: aquellas que rigen las relaciones recíprocas de los beligerantes y que se denominan jus in bello, y aquellas que reglamentan y prohíben el recurso a la fuerza llamadas jus ad bello. En ambos casos, cuando nos referimos a beligerantes o contendientes, estamos hablando de sujetos del derecho internacional (Estados Nación básicamente, grupos beligerantes y movimientos de liberación nacional con reconocimiento).[3]


2. Los conflictos a partir de la 2º Guerra Mundial y hasta el fin de la Guerra Fría
(Basado en VAN CLAVEREN)


El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó cambios significativos a las teorías y prácticas acerca del uso de la fuerza. Por un lado, el recurso a la guerra como derecho del Estado cesó de existir y se creó una organización (las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad) con capacidad para determinar la existencia de una controversia y actuar en consecuencia (adoptar medidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales, con o sin el uso de la fuerza). Por otra parte, la preocupación internacional pasó a focalizarse en el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares. Éste fue uno de los hilos conductores del conflicto manifiesto o latente a lo largo de la Guerra Fría. Por último, el proceso de descolonización planteó nuevos desafíos y reavivó antiguas formas de intervención y de violencia. El desenvolvimiento de estas tres cuestiones hacia finales del s. XX condujo al planteo de un escenario en el que “existían serias dudas respecto a la habilidad de los Estados desarrollados de usar la fuerza como un instrumento para alcanzar fines políticos relevantes (…) la sociedad occidental se estaba des-belificando (…) pero si bien la guerra convencional a gran escala –es decir, la guerra tal como la entienden actualmente los principales poderes militares- puede estar en sus últimas etapas, la guerra en sí está viva, patea y se encuentra a punto de ingresar en una nueva época”.[4]

La guerra nuclear y el acopio de armamento nuclear fueron las principales preocupaciones bélicas de las potencias durante la segunda mitad del s. XX. El monopolio nuclear de USA duró de 1945 a 1949, en ese año la URSS adquirió potencial nuclear. Entre 1952 y 1953 ambas superpotencias probaron bombas de hidrógeno. Siguieron la senda nuclear Gran Bretaña, Francia, China, la India y Pakistán. Otros países se sabía que tenían capacidad para hacerlo pero no habían hecho demostraciones ni pruebas.

La dificultad para convertir la posesión de armamento nuclear en una ventaja política o elemento de poder fue, quizás, lo que detuvo a muchos países de sumarse a la carrera armamentística. Incluso las superpotencias encontraron inconvenientes para transformar sus enormes arsenales nucleares en elementos de peso político a la hora de lograr sus objetivos. Por ejemplo, el monopolio nuclear de USA entre 1945 y 1949 no logró impedir el avance de la URSS en Europa del Este en el mismo período. Ni siquiera les resultaron de utilidad a las potencias en sus conflictos con países subdesarrollados, como ilustran los casos de realineamiento de países como Egipto, Indonesia, Somalía, Irak, Chile o Etiopía (la decisión de “cambiar de bando” después de un golpe de Estado no guardaba relación alguna con la capacidad nuclear de las potencias).

De hecho, nunca logró elaborarse una doctrina militar coherente para la guerra nuclear (cómo conducir una guerra con armamento nuclear sin destruir todo el mundo en el intento, cómo combinar las fuerzas convencionales con las nucleares sin matarlas, cómo lograr la precisión suficiente para poder realizar pequeños ataques focalizados y flexibles). El último intento se dio en la década del ’80 con la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan (precursora del “escudo antimisiles” de Bush). No obstante, hubo numerosas amenazas, más o menos serias, de uso de armamento nuclear. Quizás la última más seria fue la crisis de los misiles cubanos en 1962. Más allá de la verosimilitud de los ataques y amenazas, la simple posibilidad de ocurrencia y lo nefastas de sus consecuencias para todo el mundo llevaron a los países a negociar acuerdos (internacionales o bilaterales) para limitar las armas, sus vectores (misiles intercontinentales) o ambos.

Estas limitaciones al accionar militar impuestas por el poder destructivo del arsenal nuclear, también condujeron a limitaciones en el plano convencional. Cualquier ataque convencional que pudiera dar lugar a una retaliación nuclear pondría nuevamente a las potencias frente a la misma paradoja. Así, entre 1948 y 1963 (del bloqueo de Berlín a la crisis de Berlín), las superpotencias fueron testeando mutuamente sus límites mientras el mundo vivía en un estado de alerta y tensión permanentes. Finalmente, ambas potencias “concedieron” la derrota y así se cerró el teatro de operaciones europeo. El fin de la Guerra de Corea en 1953 produjo un efecto similar en el Sudeste Asiático. En este escenario, la guerra convencional a gran escala quedó confinada a la frontera de India y Pakistán y al Medio Oriente. Los países de estas regiones estaban atados a las superpotencias que eran sus proveedores de armamentos y les sirvieron de teatro para guerras Proxy y para testear nuevas armas y doctrinas. Otras zonas, como el Cuerno de África, continuaron experimentando enfrentamientos pero a mucha menor escala y con mucha menor sofisticación tecnológica.

El resultado de todo esto fue el desarrollo de al doctrina de la respuesta flexible, adoptada por la OTAN en 1967. Ésta planteó un escenario en el cual la guerra nuclear quedaba descartada y se avanzó hacia nuevas formas de organización de la guerra convencional (nuevas armas, logística, vehículos, comunicaciones). Como afirma Van Clavaren “oficialmente, la principal razón por la cual las potencias dedicaron durante tantos años tantos esfuerzos a prepararse para conflictos convencionales en una era nuclear, fue el deseo imperativo de evitar que estallara una guerra nuclear (…) a menos que tuvieran fuerzas convencionales suficientes a su disposición (…) podrían verse imposibilitados de responder incluso a pequeñas crisis y forzados a emplear el armamento nuclear”. De esta forma, las únicas guerras que se dieron a partir del ’53 fueron aquellas donde las superpotencias no tenían ningún interés vital amenazado (Líbano 1958, Vietnam 1964-72, República Dominicana 1965, Camboya 1972-75, Líbano 1983 y la Guerra del golfo 1991 por parte de USA; Angola 1976, Etiopía vs. Somalía en 1979 y el Conflicto Centroamericano en los ’80 por parte de la URSS). Por otra parte, Gran Bretaña y Francia sufrieron experiencias desastrosas en las guerras de liberación nacional de África que minaron su estatus como potencias militares en general.

En cuanto a situaciones en las que los países que no poseían arsenales nucleares (o algunos sí y otros no), los enfrentamientos convencionales fueron mucho más frecuentes durante la segunda mitad del s. XX: Medio Oriente (1948-49, 1956, 1967, 1973, 1982, 1980-88), China y Taiwán (1954, 1958), China e India (1962, India aún no poseía armas nucleares), India y Pakistán (1947-49, 1965 y 1971, aún no poseían). Durante la década del ’70 las armas nucleares se introdujeron en estas regiones y, en adelante, no se vivieron episodios bélicos a gran escala.

Las grandes potencias han invertido millones en el desarrollo de sus fuerzas convencionales, no obstante éstas no han estado involucradas en la principal forma de violencia en el mundo contemporáneo. Desde 1945 ha habido 160 conflictos armados de los cuales tres cuartos han sido conflictos de baja intensidad. Sus características son: suceden en zonas subdesarrolladas del mundo; no suelen enfrentar a dos ejércitos regulares sino a uno contra guerrillas, terroristas o civiles del otro bando; no emplean armas de alta tecnología; son mucho más sangrientos y se cobran gran cantidad de vidas civiles (por ejemplo la Guerra civil Nigeriana de 1966-1969, Argelia, Camboya, Laos, etc). Estos conflictos han provocado importantes cambios políticos con reconocimiento de la comunidad internacional: caídas de regímenes, desintegración de imperios coloniales, guerras de liberación nacional. Cuando los ejércitos convencionales de las grandes potencias han intervenido en estos conflictos, sus derrotas han sido calamitosas (Gran bretaña en India, Palestina, Kenia, Chipre y Aden; Francia en Indochina y Argelia; USA en Vietnam; la URSS en Afganistán); y lo mismo sucedió cuando los ejércitos convencionales pertenecían a países en desarrollo (como por ejemplo el ejército sirio luchando contra libaneses o los ejércitos cubanos en Angola). A pesar de las derrotas, las potencias siempre estuvieron seguras en su propio territorio: ellas podían proyectar su poder hacia otros países mediante la tecnología sin temer que los países atacados aplicaran la reciprocidad. La brecha militar entre países desarrollados y subdesarrollados era demasiado significativa (aunque esto no les garantizara la victoria). La relativa inutilidad de las fuerzas convencionales en los conflictos de baja intensidad junto con la imposibilidad de utilizar fuerzas nucleares, llevó tanto a las potencias como a los otros países a recurrir a métodos de contrainsurgencia, tortura y terrorismo.


3. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales desde la 2º Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría
(basado en datos de la Oficina de Información Pública de la ONU)


A finales de la 2º Guerra Mundial, la comunidad internacional creó la Organización de las Naciones Unidas mediante el Tratado de San Francisco. La misión principal de esta OIG era mantener la paz y seguridad internacionales (amenazadas por los conflictos convencionales interestatales), misión que fue delegada primordialmente a uno de sus órganos principales: el Consejo de Seguridad.

Los Estados miembros de la ONU se comprometieron a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, absteniéndose de la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados. Éstos cuentan con la posibilidad de someter las controversias a decisión del Consejo, cuyas decisiones son vinculantes. El Consejo puede adoptar diferentes clases de medidas, detalladas en los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU, que serán analizadas en otra ficha. Básicamente se trata de medidas que no coercitivas y que no impliquen el uso de la fuerza, como recomendaciones a las partes para que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos, investigaciones, mediaciones, nombramiento de representantes especiales o buenos oficios del Secretario General (cap. VI), la interrupción de las relaciones económicas, de las comunicaciones y las relaciones diplomáticas (cap. VII). También puede dictar medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza, como acciones terrestres, aéreas o navales de mantenimiento o restablecimiento la paz y la seguridad (demostraciones, bloqueos, ceses del fuego, operaciones de mantenimiento de la paz). Para adoptar medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza, el Consejo debe determinar previamente que existe una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de agresión.

El Consejo tiene 15 miembros: 5 permanentes y 10 electos por la Asamblea General por períodos de dos años. Los miembros permanentes con poder de veto son USA, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Cada miembro tiene un voto y las decisiones de no procedimiento deben adoptarse por mayoría de 9, incluyendo el voto afirmativo de todos los miembros permanentes. La abstención no implica veto.

El Consejo funciona a través de comités y grupos de trabajo:
3 comités permanentes (Comité de Expertos, Admisión de Nuevos Miembros y Reuniones del Consejo fuera de la sede).
Comités ad hoc (incluyendo uno de temas de lucha contra el terrorismo y otro de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva).
Comités de Sanciones (varían año a año, actualmente están en funcionamiento los relativos a Somalía, Rwanda, Sierra Leona, Liberia, RDC, Costa del Marfil, Sudán, Corea del Norte, Irak y Kuwait, Al Qaeda y los talibanes, y un conjunto de ciudadanos libaneses sospechosos de perpetrar un atentado en 2005).
GT sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.
GT sobre la prevención y la solución de conflictos en África.
GT establecido en virtud de la resolución 1566 (2004) de lucha contra el terrorismo.
GT sobre los niños y los conflictos armados.
GT sobre cuestiones generales relativas a las sanciones.

Entre 1948 y 2000, el Consejo ha dispuesto el funcionamiento de numerosas operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). Las misiones de mantenimiento de la paz tienen el propósito de ayudar a los países en conflicto a crear condiciones para una paz duradera. El mantenimiento de la paz no figura expresamente en la Carta y fue clasificado por el 2º Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjöld, como una especie de “capítulo VI y medio” ya que no es una medida coercitiva (cuenta con la autorización de los países involucrados en el conflicto) pero implica un cierto uso de la fuerza, al menos en un rol defensivo. La primera misión se aprobó en 1948 y consistió en el despliegue de observadores militares en Medio Oriente para vigilar la observancia del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Desde entonces se han desplegado 63 OMP de la ONU, de las cuales 16 siguen activas.

Las primeras misiones se orientaban al mantenimiento de las cesaciones del fuego y la estabilización de la situación sobre el terreno para permitir las negociaciones políticas que condujeran a arreglos pacíficos (por ejemplo, la UNMOGIP entre India y Pakistán, la UNFICYP en Chipre o la UNYOM en Yemen). Estas misiones estaban integradas por observadores y tropas con armas livianas, con mandatos acotados consistentes en vigilar, informar y fomentar la confianza en apoyo de la cesación del fuego y de acuerdos de paz.

En el contexto de la Guerra Fría, el mecanismo del Consejo de Seguridad no estuvo exento de controversias debido al abuso del poder de veto. Numerosos conflictos interestatales no lograron ser frenados, como por ejemplo: las invasiones soviéticas a Hungría, Checoslovaquia y Afganistán; las invasiones de USA a República Dominicana, Granada, Panamá, Nicaragua; los ataques de India a Goa, Indonesia contra Timor Oriental, China contra Tíbet, o Vietnam contra Camboya.


4. Los conflictos a partir del fin de la Guerra Fría
(basado en Sampó y Hobsbawm)


“El fin de la Guerra Fría, al modificar la dinámica del sistema internacional, facilitó el surgimiento de gran número de conflictos armados radicalmente diferentes a los que se conocía hasta ese momento, intraestatales en su mayoría. Estos conflictos contemporáneos, muchos de los cuales habían estado congelados durante los últimos 40 años, dominan la agenda de seguridad (…) y se han convertido en la forma predominante de enfrentamiento armado”[5]. Esta frase de Sampó afirma un conocimiento compartido en el campo de los estudios de seguridad que está claramente respaldado por las estadísticas: desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad prácticamente no se han registrado enfrentamientos entre Estados. Sin embargo, como veíamos anteriormente, los conflictos asimétricos de baja intensidad, intraestatales, con o sin intervención de un actor extranjero, y que enfrentan a un actor estatal (un ejército regular) con un actor no estatal (un movimiento de liberación o un grupo terrorista), existían durante la Guerra Fría aunque no eran foco de la preocupación de la comunidad internacional. ¿Qué cambió entonces?

Estamos frente a una combinación de cambios fácticos y doctrinales. Por un lado, es cierto que gran cantidad de conflictos intraestatales “tapados” por la Guerra Fría han salido a la luz[6]. El desmembramiento de la ex URSS y de la ex Yugoeslavia son casos testigo de esto. Por otra parte, los actores no estatales han incrementado considerablemente su poderío económico, sus capacidades en términos de armamentos y su accionar transnacional; en particular el crimen organizado -en su variante del narcotráfico- y el terrorismo. En tercer lugar, la creciente y complejizada interdependencia de los países en la era de la globalización determina que elementos no militares se conviertan en amenazas a la seguridad de los Estados (entendida como capacidad de supervivencia e integridad territorial y social). Las catástrofes medioambientales, las pandemias y el multiculturalismo son algunas de estas nuevas dimensiones de la seguridad.

En el plano doctrinal se ha registrado un alejamiento del clásico principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, a favor de un renovado intervencionismo de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales (OTAN) o Estados particulares (USA). El sistema de la ONU para manejo de crisis fue creado en 1945 atento a las crisis de aquel momento, pero la violencia actual es mayormente intraestatal y los instrumentos de la Carta no son efectivos para frenarla.[7]

La intervención en los asuntos internos ha pasado a estar “justificada” en base a 2 supuestos:
Los conflictos intraestatales no quedan confinados a las fronteras de un Estado, sino que se desbordan. Ya sea por el problema de los refugiados que cruzan la frontera y demandan servicios del Estado vecino; los grupos terroristas, rebeldes o paramilitares que buscan refugio, reabastecimiento o auxilio en otros países; la posibilidad de que se genere un vacío de poder propicio al establecimiento de organizaciones terroristas o criminales que luego operen en toda la región; lo cierto es que las consecuencias de los conflictos, aunque estén motivados por causas internas, traspasan las fronteras y comprometen la seguridad de la región y del mundo. Los disturbios al interior de los Estados también son causa de los disturbios en las relaciones entre ellos.
La intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger del Estado. Progresivamente la comunidad internacional ha ido aceptando que las personas tienen derechos y los Estados responsabilidades que trascienden los principios de no intervención o neutralidad humanitaria. Entonces, si bien la responsabilidad de proteger a la población civil de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad recae sobre los Estados, cuando éstos requieran apoyo o fallen en su compromiso, la comunidad internacional comparte esta responsabilidad y puede justificar una intervención. Este principio comenzó a afianzarse a partir del análisis del genocidio de Rwanda y la inefectiva intervención de la comunidad internacional para evitar los crímenes y reducir el sufrimiento. Las limpiezas étnicas en los Balcanes y Kosovo (1995, 1999) también alimentaron el debate. El Secretario General Kofi Annan planteó la primacía de la responsabilidad de proteger en el Informe del Milenio de 2000 y luego, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados publicó un informe titulado “La responsabilidad de proteger”. En él se estableció que la soberanía daba al Estado el derecho de controlar sus asuntos, pero también la responsabilidad primaria de proteger a la población dentro de sus fronteras. Cuando no lo hiciera (por falta de capacidad o voluntad), la responsabilidad incumbía a la comunidad internacional en su conjunto. Este concepto fue apoyado por el Grupo de Alto Nivel establecido por el Secretario General en 2004, que agregó que el uso de la fuerza como último recurso estaba legitimado. En 2005 dos documentos volvieron a retomar el tema: el informe del Secretario General “Un concepto más amplio de la libertad” y el Documento Final de la Cumbre Mundial mediante el cual todos los Estados aceptaron oficialmente su responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la intervención de la comunidad internacional en caso de falla.[8]

A modo de resumen, podemos decir que se incrementan las competencias y atribuciones de la comunidad internacional y sus organizaciones dentro de los Estados y sin su consentimiento. Esto se deriva de una creciente relación entre la justicia para los individuos y la paz y el orden a nivel internacional. Se afirman estándares mínimos de calidad de vida y justicia que conforman una especie de moral cosmopolita (derechos humanos).

Veamos ahora algunas de las características de los conflictos contemporáneos:
Las “nuevas guerras” (término acuñado por Mary Kaldor del Center for the Study of Global Governance de la LSE) se dan en un contexto de erosión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado (no pueden usar la fuerza de manera unilateral en temas exteriores y hacia el interior la violencia se ha privatizado a partir del crecimiento de las organizaciones criminales).
Los combatientes suelen emplear estrategias asimétricas (término desarrollado por Steven Metz del Instituto de Estudios Estratégicos) para obtener una ventaja en el enfrentamiento de fuerzas de características disímiles. El grupo o las fuerzas que inicialmente estarían en inferioridad de condiciones (menos numerosas, menos equipadas), explotan de forma innovadora las limitaciones y vulnerabilidades del enemigo para generar un impacto psicológico, desestabilizarlas y obtener la victoria. Los conflictos asimétricos suelen darse en zonas urbanas, ya que a los combatientes irregulares no les preocupa involucrar a la población civil (de hecho, muchos conflictos se terminan convirtiendo en guerras civiles) y causar daño mientras que los ejércitos regulares deben minimizar su impacto. De esta forma, la violencia deja de estar codificada y las reglas del Derecho Internacional Humanitario son dejadas de lado.[9]
En palabras de Hobsbawm “A principios del s. XXI, estamos en un mundo donde las operaciones armadas ya no están fundamentalmente en manos de los gobiernos y de sus agentes autorizados y donde las partes en conflicto no comparten características, ni estatus, ni objetivos, excepción hcha del deseo de recurrir a la violencia”.[10]
La línea divisoria entre guerra y paz se desdibuja, ya que los conflictos no empiezan ni terminan oficialmente sino que la violencia recrudece o remite en forma intermitente. El conflicto se vuelve un estado permanente y endémico.
La gestión de la paz y la seguridad internacionales no responden a reglas claras sino a un plan improvisado y ad hoc: en ciertos casos las hostilidades terminan con la intervención de ejércitos extranjeros (con o sin el auspicio de las Naciones Unidas), en otros las potencias regionales desarrollan en forma individual una intervención a largo plazo en sus zonas de influencia. En cualquier caso, los países se ven obligados a extender sus intervenciones indefinidamente, a enormes costos y sin que les reporten intereses u objetivos concretos.[11]
Principalmente se emplean armas livianas, fácilmente accesibles y transportables, y de bajo costo. El fin de a Guerra Fría dejó enormes arsenales disponibles para su comercialización legal e ilegal.
Aunque las autoridades estatales tienen a su alcance medios de control y represión (armas, tecnología de vigilancia, etc) mayores que en cualquier otra época, el umbral de tolerancia de las sociedades occidentales al empleo de la violencia oficial es cada vez menor mientras que la tolerancia hacia la violencia no oficial (de los marginados, los delincuentes, los grupos locales o transnacionales) es cada vez mayor.

En este contexto estratégico, las OMP de las Naciones Unidas debieron adaptarse. A las tareas estrictamente militares se le fueron sumando otras de tipo político o administrativo, transformando a las misiones en multidimensionales y orientadas a lograr la aplicación de acuerdos de paz amplios y ayudar a establecer las bases de una paz sostenible (construcción de la paz o peace building). Actualmente, las misiones realizan una gran variedad de tareas, desde ayudar a establecer instituciones de gobernanza (observadores electorales), a la vigilancia de la situación de los derechos humanos y la reforma del sector de la seguridad, el desarme, la desmovilización, la remoción de minas y la reintegración de los excombatientes.[12]

Por otra parte, también se dio el caso de que las Naciones Unidas fueran llamadas a intervenir en territorios donde no había “dos Estados en conflicto” o donde directamente no había un interlocutor estatal a quien solicitarle la autorización para la misión. En estos casos se habla de misiones de imposición de la paz (peace enforcement). Kosovo fue el único caso en el que una fuerza internacional se desplegó en un Estado en oposición al gobierno soberano de ese Estado (Serbia). Hubo otros casos, como por ejemplo la Res. 794, en que se autorizó el ingreso de tropas americanas en Somalia cuando el gobierno somalí ya había dejado de existir. La problemática de las “zonas grises”, sin gobierno o los Estados con diferentes niveles de debilidad y falla está muy vinculada a esta modificación en la modalidad de las OMP.


5. Nuevos estudios de seguridad en el mundo de la post Guerra Fría

Durante mucho tiempo, hablar de seguridad era sinónimo de defensa del territorio estatal contra un ataque externo, pero –como hemos visto- hoy las exigencias de seguridad incluyen protección de las comunidades y de los individuos contra la violencia interna. Por este motivo, el mismo término “seguridad” ha sido puesto en debate y a pasado a referirse a realidades muy diferentes.

Los actuales estudios de seguridad adoptan un enfoque que es multi-dimensional y multi-actor. A diferencia de los estudios realistas que se centraban en los aspectos militares de la seguridad nacional y que consideraban como actores privilegiados a los Estados, los actuales estudios incorporan el nivel de la persona, las comunidades y la humanidad y las dimensiones política, económica, social y medioambiental.[13]

Uno de los principales autores que estudia el tema, Barry Buzan, define a la seguridad como “la capacidad de liberarse de la amenaza y de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integración funcional (bien sean los Estados o las sociedades) frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles”.[14]

A partir de esta definición, y en colaboración con Weaver y de Wilde, Buzan elabora lo que se conoce como el marco teórico de la securitización. Se trata del análisis del proceso por el cual un cierto sector se politiza en forma extrema y ve cambiar su status hasta relacionarse con el término “seguridad” y pasar a integrar la agenda de seguridad. Frente al concepto realista de amenazas a la seguridad dadas y objetivas, Buzan plantea la construcción intersubjetiva y discursiva de las amenazas:
El objeto referente es el sector o tema que se presenta como existencialmente amenazado.
El actor que favorece la securitización es quien construye este discurso, presenta la amenaza existencial, argumenta a favor de la prioridad del tema y exige la adopción de medidas de emergencia y extraordinarias (más allá del procedimiento político normal y en contra del mismo ordenamiento normativo).
El actor funcional es el que afecta la dinámica del sector e influye en las decisiones relativas a la seguridad.
Finalmente estaría la sociedad que recibe el discurso securitizante y lo valida o rechaza.

A través de procesos de securitización, numerosos temas están siendo empujados hacia la agenda de seguridad, sin llegar a un grado máximo aún. Buzan plantea la existencia de un continuo que abarca un tema no politizado, politizado y politizado en grado máximo o securitizado (exige medidas extraordinarias porque está existencialmente amenazado). El principal desafío que advierte el autor es cómo “desescalar” un tema que ha cruzado el umbral y se ha securitizado.

Otro concepto que ha cobrado una creciente relevancia en el marco de los estudios de seguridad es el término seguridad humana. Se trata, en opinión de Roland Paris[15], de un neologismo para plantear la seguridad internacional como algo más que la defensa militar de los Estados y su territorio. El concepto enfatiza el bienestar de los ciudadanos y sus comunidades y comprende una multiplicidad de dimensiones (alimentación, salud, trabajo, derechos humanos, democracia, seguridad física, seguridad medioambiental, etc). La seguridad humana tiene 2 aspectos fundamentales. El primero significa seguridad frente a ciertas amenazas crónicas, como el hambre, la enfermedad y la represión. El otro implica la protección frente a disrupciones súbitas y dañinas en los patrones de la vida cotidiana, en los hogares, los trabajos o las comunidades. Si bien se trata de un concepto popular entre ONG’s, los gobiernos de ciertos países orientados a la ayuda humanitaria y círculos académicos, por otro lado plantea desafíos a la hora de usarlo como una guía para la priorización e implementación de políticas.

En las siguientes fichas iremos desarrollando las diferentes cuestiones que, desde estas nuevas corrientes de estudios de seguridad, se han ido planteando como amenazas o temas vinculados a la agenda de seguridad.

Lecturas recomendadas


VAN CREVELD, Martin (1990) The Transformation of War. The Free Press. London. Cap. 1 “Contemporary War”.

HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el siglo XXI. Barcelona: Crítica. Cap. 1 y 9.

BAYLIS, John y SMITH, Steve eds. (2000) The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford University Press.

SAMPÓ, Carolina (2008) “Una aproximación a los conflictos armados contemporáneos. Características y particularidades” en Revista Ágora Internacional. Buenos Aires.

BUGNION, Francois (2002) “Guerra justa, guerra de agresión y derecho internacional humanitario” en Revista Internacional de la Cruz Roja N° 847. Consultado en:
http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TECMU

ARREDONDO, Ricardo (2006) Seminario: “El Uso de la Fuerza en el Derecho Internacional”. Universidad Autónoma de Madrid.

NACIONES UNIDAS (2004) Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre los Desafíos, las Amenazas y el Cambio. En
http://www.un.org/spanish/secureworld/

NACIONES UNIDAS: “Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio” en http://un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml

GLENNON, Michael (1999) “The New Interventionism: The Search for a Just International Law” en Foreign Affairs May/June 1999

BARBÉ, Esther y PERNI, Orietta (2001) Más allá de la seguridad nacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

PARIS, Roland (2001) “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” en International Security Vol. 26 No. 2 Fall. Pag. 87-102.


[1] BUGNION, Francois (2002) “Guerra justa, guerra de agresión y derecho internacional humanitario” en Revista Internacional de la Cruz Roja N° 847. Consultado en: http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TECMU
[2] ARREDONDO, Ricardo (2006) Seminario: “El Uso de la Fuerza en el Derecho Internacional”. Universidad Autónoma de Madrid.
[3] BUGNION, Francois (2002) Op. Cit.
[4] VAN CLAVEREN, Martin (1990) The Transformation of War. The Free Press. P. 2.
[5] SAMPO, Carolina (2008) “Una aproximación a los conflictos armados contemporáneos: características y particularidades” en Revista Ágora Internacional. P. 9.
[6] SAMPO (Op. Cit.) sostiene que algunas de las causas del “destape” de los conflictos son el fin del apoyo económico o político que las potencias daban a los Estados de su zona de influencia y la presión internacional en torno a la democratización.
[7] GLENNON, Michael (1999) “The New Interventionism” en Foreign Affairs May/June. El autor verificaba una ausencia de reglas claras respecto a en qué casos es legítimo intervenir en los asuntos internos de otros Estados, ya que las reglas de la Carta fueron dejadas de lado en varias ocasiones para superar la anticuada dicotomía de conflictos internacionales y conflictos internos. El sistema de Naciones Unidas se basa en una premisa que ha dejado de ser válida: el grueso de las amenazas a la paz y seguridad internacionales provendrá de conflictos interestatales. El sistema emergente es más tolerante con las intervenciones militares, tiene reglas ad hoc; no tiene tanta deferencia por la soberanía, la igualdad o la no intervención. Parte de la base de que la mayor amenaza a la seguridad internacional es la violencia interna: el orden doméstico es responsabilidad primordial del Estado y, si éste falla y los costos humanitarios de no intervenir son muy elevados, la intervención está legitimada. El autor advierte el peligro de la falta de reglas claras y mecanismos de control que garanticen que las potencias no van a hacer abuso de su situación privilegiada en el nuevo sistema.
[8] Naciones Unidas: “Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio” en http://un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml
[9] Mientras que en la 1º Guerra Mundial el 5% de las víctimas fueron civiles y en la 2º el 66%, actualmente más del 80% de las víctimas de cualquier conflicto son pobladores civiles. HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el s. XXI. Crítica. Barcelona. P. 4.
[10] HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el s. XXI. Crítica. Barcelona. P. 3.
[11] Ibid. P. 15.
[12] Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas.
[13] BARBÉ, Esther y PERNI, Orietta (2001) Más allá de la seguridad nacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.
[14] Ibid.
[15] PARIS, Roland (2001) “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” en International Security Vol. 26 No. 2 Fall. Pag. 87-102.