FICHA 9: Introducción a la seguridad internacional

1. Guerra, conflictos y violencia en la historia hasta mediados del s. XX


El conflicto y su escalada (la violencia) son características inherentes a las sociedades humanas, aunque se manifiestan en forma diversa y cambiante a lo largo del tiempo. Como señala Martin VAN CREVELD en su obra The Transformation of War, la estructura del conflicto armado en cualquier época es similar (quienes luchan, por qué luchan, para qué luchan, cómo luchan, cómo se conduce la lucha), pero la forma en que llenamos esta estructura es diferente en cada período histórico. Poco tienen que ver entre sí las guerras de las legiones romanas, las cruzadas del medioevo, las guerras religiosas en Europa, las Guerras Mundiales y la llamada “guerra contra el terrorismo” que enfrentamos hoy en día. O quizás, las modalidades antiguas de conducción del conflicto estén más relacionadas con los enfrentamientos actuales de lo que parece a primera vista.

La guerra, tal como la concebimos hoy en día, comenzó a perfilarse como tal a principios del s. XX. Se trata de un enfrentamiento ente actores similares (Estados Nación soberanos), que se valen de medios humanos y tecnológicos similares (ejércitos regulares, armas convencionales tácticas y estratégicas, ¿armas de destrucción masiva?) y que está sujeto a reglas previamente establecidas y aparentemente respetadas por ambos bandos en conflicto (derecho humanitario, trato dispensado a los combatientes y no combatientes, prohibición del uso de determinadas armas y tecnologías, reglas de empeñamiento, disciplina militar, cadenas de mando). Además, a partir de 1945, el uso o amenaza del uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales fue colocado fuera de la ley. El derecho público internacional – Carta de Naciones Unidas- prohíbe el recurso a la guerra excepto en dos ocasiones: con la autorización del Consejo de Seguridad o en ejercicio del derecho a la legítima defensa en los términos del art. 51.

Ahora bien, esto no siempre fue así. Desde que los Estados Nación se conformaron como tales, el derecho al uso de la fuerza fue uno de los elementos inherentes a la soberanía. Éste estaba limitado en forma consuetudinaria (costumbres de inspiración religiosa) para pueblos que compartían una misma raíz cultural, pero la observancia de la norma no era estable. Siempre estuvo presente la discusión moral en torno al ejercicio de este derecho, plasmada en lo que se conoce como las doctrinas de la guerra justa e injusta. Los padres fundadores del derecho internacional, Grocio (1583-1645) y Vattel (1714 – 1767), intentaron transformar estas doctrinas en normas positivas de alcance universal. [1]

Hacia finales del s. XIX y, más específicamente, en el período de entre guerras del s. XX comenzaron a esbozarse documentos jurídicos que buscaban la ilegalización del recurso estatal a la fuerza en la solución de conflictos internacionales: los Convenios de Ginebra (1864, 1906, 1929 y 1949), la Declaración de San Petersburgo, las Conferencias de Paz de la Haya (1899 y 1907), el pacto de la Sociedad de las Naciones, el pacto de París o Briand –Kellog (1928), entre otros. Algunos de estos documentos buscaban acotar o morigerar las formas permitidas de conducir la guerra (por ejemplo, el trato dispensado a los combatientes tomados prisioneros, a los civiles y sus bienes, la prohibición del uso de determinadas armas), mientras que otros buscaban ilegalizar de plano la guerra aunque carecieran de fuerza vinculante para convertirse en disposiciones efectivas. El desarrollo tecnológico y la ampliación del poder destructivo de los armamentos, la capacidad de movilización de los ciudadanos frente a una situación de guerra, y la evolución doctrinaria en materia de derechos humanos fueron elementos que contribuyeron a la adopción de estos documentos.[2]

Antes de proseguir con el racconto histórico, cabe detenerse en una distinción importante que se señalaba en el párrafo precedente. Las normas que regulan el uso de la fuerza se clasifican en dos grandes ramas: aquellas que rigen las relaciones recíprocas de los beligerantes y que se denominan jus in bello, y aquellas que reglamentan y prohíben el recurso a la fuerza llamadas jus ad bello. En ambos casos, cuando nos referimos a beligerantes o contendientes, estamos hablando de sujetos del derecho internacional (Estados Nación básicamente, grupos beligerantes y movimientos de liberación nacional con reconocimiento).[3]


2. Los conflictos a partir de la 2º Guerra Mundial y hasta el fin de la Guerra Fría
(Basado en VAN CLAVEREN)

El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó cambios significativos a las teorías y prácticas acerca del uso de la fuerza. Por un lado, el recurso a la guerra como derecho del Estado cesó de existir y se creó una organización (las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad) con capacidad para determinar la existencia de una controversia y actuar en consecuencia (adoptar medidas para garantizar la paz y la seguridad internacionales, con o sin el uso de la fuerza). Por otra parte, la preocupación internacional pasó a focalizarse en el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, en particular las armas nucleares. Éste fue uno de los hilos conductores del conflicto manifiesto o latente a lo largo de la Guerra Fría. Por último, el proceso de descolonización planteó nuevos desafíos y reavivó antiguas formas de intervención y de violencia. El desenvolvimiento de estas tres cuestiones hacia finales del s. XX condujo al planteo de un escenario en el que “existían serias dudas respecto a la habilidad de los Estados desarrollados de usar la fuerza como un instrumento para alcanzar fines políticos relevantes (…) la sociedad occidental se estaba des-belificando (…) pero si bien la guerra convencional a gran escala –es decir, la guerra tal como la entienden actualmente los principales poderes militares- puede estar en sus últimas etapas, la guerra en sí está viva, patea y se encuentra a punto de ingresar en una nueva época”.[4]

La guerra nuclear y el acopio de armamento nuclear fueron las principales preocupaciones bélicas de las potencias durante la segunda mitad del s. XX. El monopolio nuclear de USA duró de 1945 a 1949, en ese año la URSS adquirió potencial nuclear. Entre 1952 y 1953 ambas superpotencias probaron bombas de hidrógeno. Siguieron la senda nuclear Gran Bretaña, Francia, China, la India y Pakistán. Otros países se sabía que tenían capacidad para hacerlo pero no habían hecho demostraciones ni pruebas.

La dificultad para convertir la posesión de armamento nuclear en una ventaja política o elemento de poder fue, quizás, lo que detuvo a muchos países de sumarse a la carrera armamentística. Incluso las superpotencias encontraron inconvenientes para transformar sus enormes arsenales nucleares en elementos de peso político a la hora de lograr sus objetivos. Por ejemplo, el monopolio nuclear de USA entre 1945 y 1949 no logró impedir el avance de la URSS en Europa del Este en el mismo período. Ni siquiera les resultaron de utilidad a las potencias en sus conflictos con países subdesarrollados, como ilustran los casos de realineamiento de países como Egipto, Indonesia, Somalía, Irak, Chile o Etiopía (la decisión de “cambiar de bando” después de un golpe de Estado no guardaba relación alguna con la capacidad nuclear de las potencias).

De hecho, nunca logró elaborarse una doctrina militar coherente para la guerra nuclear (cómo conducir una guerra con armamento nuclear sin destruir todo el mundo en el intento, cómo combinar las fuerzas convencionales con las nucleares sin matarlas, cómo lograr la precisión suficiente para poder realizar pequeños ataques focalizados y flexibles). El último intento se dio en la década del ’80 con la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan (precursora del “escudo antimisiles” de Bush). No obstante, hubo numerosas amenazas, más o menos serias, de uso de armamento nuclear. Quizás la última más seria fue la crisis de los misiles cubanos en 1962. Más allá de la verosimilitud de los ataques y amenazas, la simple posibilidad de ocurrencia y lo nefastas de sus consecuencias para todo el mundo llevaron a los países a negociar acuerdos (internacionales o bilaterales) para limitar las armas, sus vectores (misiles intercontinentales) o ambos.

Estas limitaciones al accionar militar impuestas por el poder destructivo del arsenal nuclear, también condujeron a limitaciones en el plano convencional. Cualquier ataque convencional que pudiera dar lugar a una retaliación nuclear pondría nuevamente a las potencias frente a la misma paradoja. Así, entre 1948 y 1963 (del bloqueo de Berlín a la crisis de Berlín), las superpotencias fueron testeando mutuamente sus límites mientras el mundo vivía en un estado de alerta y tensión permanentes. Finalmente, ambas potencias “concedieron” la derrota y así se cerró el teatro de operaciones europeo. El fin de la Guerra de Corea en 1953 produjo un efecto similar en el Sudeste Asiático. En este escenario, la guerra convencional a gran escala quedó confinada a la frontera de India y Pakistán y al Medio Oriente. Los países de estas regiones estaban atados a las superpotencias que eran sus proveedores de armamentos y les sirvieron de teatro para guerras Proxy y para testear nuevas armas y doctrinas. Otras zonas, como el Cuerno de África, continuaron experimentando enfrentamientos pero a mucha menor escala y con mucha menor sofisticación tecnológica.

El resultado de todo esto fue el desarrollo de al doctrina de la respuesta flexible, adoptada por la OTAN en 1967. Ésta planteó un escenario en el cual la guerra nuclear quedaba descartada y se avanzó hacia nuevas formas de organización de la guerra convencional (nuevas armas, logística, vehículos, comunicaciones). Como afirma Van Clavaren “oficialmente, la principal razón por la cual las potencias dedicaron durante tantos años tantos esfuerzos a prepararse para conflictos convencionales en una era nuclear, fue el deseo imperativo de evitar que estallara una guerra nuclear (…) a menos que tuvieran fuerzas convencionales suficientes a su disposición (…) podrían verse imposibilitados de responder incluso a pequeñas crisis y forzados a emplear el armamento nuclear”. De esta forma, las únicas guerras que se dieron a partir del ’53 fueron aquellas donde las superpotencias no tenían ningún interés vital amenazado (Líbano 1958, Vietnam 1964-72, República Dominicana 1965, Camboya 1972-75, Líbano 1983 y la Guerra del golfo 1991 por parte de USA; Angola 1976, Etiopía vs. Somalía en 1979 y el Conflicto Centroamericano en los ’80 por parte de la URSS). Por otra parte, Gran Bretaña y Francia sufrieron experiencias desastrosas en las guerras de liberación nacional de África que minaron su estatus como potencias militares en general.

En cuanto a situaciones en las que los países que no poseían arsenales nucleares (o algunos sí y otros no), los enfrentamientos convencionales fueron mucho más frecuentes durante la segunda mitad del s. XX: Medio Oriente (1948-49, 1956, 1967, 1973, 1982, 1980-88), China y Taiwán (1954, 1958), China e India (1962, India aún no poseía armas nucleares), India y Pakistán (1947-49, 1965 y 1971, aún no poseían). Durante la década del ’70 las armas nucleares se introdujeron en estas regiones y, en adelante, no se vivieron episodios bélicos a gran escala.

Las grandes potencias han invertido millones en el desarrollo de sus fuerzas convencionales, no obstante éstas no han estado involucradas en la principal forma de violencia en el mundo contemporáneo. Desde 1945 ha habido 160 conflictos armados de los cuales tres cuartos han sido conflictos de baja intensidad. Sus características son: suceden en zonas subdesarrolladas del mundo; no suelen enfrentar a dos ejércitos regulares sino a uno contra guerrillas, terroristas o civiles del otro bando; no emplean armas de alta tecnología; son mucho más sangrientos y se cobran gran cantidad de vidas civiles (por ejemplo la Guerra civil Nigeriana de 1966-1969, Argelia, Camboya, Laos, etc). Estos conflictos han provocado importantes cambios políticos con reconocimiento de la comunidad internacional: caídas de regímenes, desintegración de imperios coloniales, guerras de liberación nacional. Cuando los ejércitos convencionales de las grandes potencias han intervenido en estos conflictos, sus derrotas han sido calamitosas (Gran bretaña en India, Palestina, Kenia, Chipre y Aden; Francia en Indochina y Argelia; USA en Vietnam; la URSS en Afganistán); y lo mismo sucedió cuando los ejércitos convencionales pertenecían a países en desarrollo (como por ejemplo el ejército sirio luchando contra libaneses o los ejércitos cubanos en Angola). A pesar de las derrotas, las potencias siempre estuvieron seguras en su propio territorio: ellas podían proyectar su poder hacia otros países mediante la tecnología sin temer que los países atacados aplicaran la reciprocidad. La brecha militar entre países desarrollados y subdesarrollados era demasiado significativa (aunque esto no les garantizara la victoria). La relativa inutilidad de las fuerzas convencionales en los conflictos de baja intensidad junto con la imposibilidad de utilizar fuerzas nucleares, llevó tanto a las potencias como a los otros países a recurrir a métodos de contrainsurgencia, tortura y terrorismo.


3. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales desde la 2º Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría
(basado en datos de la Oficina de Información Pública de la ONU)

A finales de la 2º Guerra Mundial, la comunidad internacional creó la Organización de las Naciones Unidas mediante el Tratado de San Francisco. La misión principal de esta OIG era mantener la paz y seguridad internacionales (amenazadas por los conflictos convencionales interestatales), misión que fue delegada primordialmente a uno de sus órganos principales: el Consejo de Seguridad.

Los Estados miembros de la ONU se comprometieron a solucionar sus conflictos por medios pacíficos, absteniéndose de la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados. Éstos cuentan con la posibilidad de someter las controversias a decisión del Consejo, cuyas decisiones son vinculantes. El Consejo puede adoptar diferentes clases de medidas, detalladas en los capítulos VI y VII de la Carta de la ONU, que serán analizadas en otra ficha. Básicamente se trata de medidas que no coercitivas y que no impliquen el uso de la fuerza, como recomendaciones a las partes para que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos, investigaciones, mediaciones, nombramiento de representantes especiales o buenos oficios del Secretario General (cap. VI), la interrupción de las relaciones económicas, de las comunicaciones y las relaciones diplomáticas (cap. VII). También puede dictar medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza, como acciones terrestres, aéreas o navales de mantenimiento o restablecimiento la paz y la seguridad (demostraciones, bloqueos, ceses del fuego, operaciones de mantenimiento de la paz). Para adoptar medidas coercitivas que impliquen el uso de la fuerza, el Consejo debe determinar previamente que existe una amenaza a la paz, una violación de la paz o un acto de agresión.

El Consejo tiene 15 miembros: 5 permanentes y 10 electos por la Asamblea General por períodos de dos años. Los miembros permanentes con poder de veto son USA, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Cada miembro tiene un voto y las decisiones de no procedimiento deben adoptarse por mayoría de 9, incluyendo el voto afirmativo de todos los miembros permanentes. La abstención no implica veto.

El Consejo funciona a través de comités y grupos de trabajo:
3 comités permanentes (Comité de Expertos, Admisión de Nuevos Miembros y Reuniones del Consejo fuera de la sede).
Comités ad hoc (incluyendo uno de temas de lucha contra el terrorismo y otro de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva).
Comités de Sanciones (varían año a año, actualmente están en funcionamiento los relativos a Somalía, Rwanda, Sierra Leona, Liberia, RDC, Costa del Marfil, Sudán, Corea del Norte, Irak y Kuwait, Al Qaeda y los talibanes, y un conjunto de ciudadanos libaneses sospechosos de perpetrar un atentado en 2005).
GT sobre las operaciones de mantenimiento de la paz.
GT sobre la prevención y la solución de conflictos en África.
GT establecido en virtud de la resolución 1566 (2004) de lucha contra el terrorismo.
GT sobre los niños y los conflictos armados.
GT sobre cuestiones generales relativas a las sanciones.

Entre 1948 y 2000, el Consejo ha dispuesto el funcionamiento de numerosas operaciones de mantenimiento de la paz (OMP). Las misiones de mantenimiento de la paz tienen el propósito de ayudar a los países en conflicto a crear condiciones para una paz duradera. El mantenimiento de la paz no figura expresamente en la Carta y fue clasificado por el 2º Secretario General de la ONU, Dag Hammarskjöld, como una especie de “capítulo VI y medio” ya que no es una medida coercitiva (cuenta con la autorización de los países involucrados en el conflicto) pero implica un cierto uso de la fuerza, al menos en un rol defensivo. La primera misión se aprobó en 1948 y consistió en el despliegue de observadores militares en Medio Oriente para vigilar la observancia del Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes. Desde entonces se han desplegado 63 OMP de la ONU, de las cuales 16 siguen activas.

Las primeras misiones se orientaban al mantenimiento de las cesaciones del fuego y la estabilización de la situación sobre el terreno para permitir las negociaciones políticas que condujeran a arreglos pacíficos (por ejemplo, la UNMOGIP entre India y Pakistán, la UNFICYP en Chipre o la UNYOM en Yemen). Estas misiones estaban integradas por observadores y tropas con armas livianas, con mandatos acotados consistentes en vigilar, informar y fomentar la confianza en apoyo de la cesación del fuego y de acuerdos de paz.

En el contexto de la Guerra Fría, el mecanismo del Consejo de Seguridad no estuvo exento de controversias debido al abuso del poder de veto. Numerosos conflictos interestatales no lograron ser frenados, como por ejemplo: las invasiones soviéticas a Hungría, Checoslovaquia y Afganistán; las invasiones de USA a República Dominicana, Granada, Panamá, Nicaragua; los ataques de India a Goa, Indonesia contra Timor Oriental, China contra Tíbet, o Vietnam contra Camboya.


4. Los conflictos a partir del fin de la Guerra Fría
(basado en Sampó y Hobsbawm)

“El fin de la Guerra Fría, al modificar la dinámica del sistema internacional, facilitó el surgimiento de gran número de conflictos armados radicalmente diferentes a los que se conocía hasta ese momento, intraestatales en su mayoría. Estos conflictos contemporáneos, muchos de los cuales habían estado congelados durante los últimos 40 años, dominan la agenda de seguridad (…) y se han convertido en la forma predominante de enfrentamiento armado”[5]. Esta frase de Sampó afirma un conocimiento compartido en el campo de los estudios de seguridad que está claramente respaldado por las estadísticas: desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad prácticamente no se han registrado enfrentamientos entre Estados. Sin embargo, como veíamos anteriormente, los conflictos asimétricos de baja intensidad, intraestatales, con o sin intervención de un actor extranjero, y que enfrentan a un actor estatal (un ejército regular) con un actor no estatal (un movimiento de liberación o un grupo terrorista), existían durante la Guerra Fría aunque no eran foco de la preocupación de la comunidad internacional. ¿Qué cambió entonces?

Estamos frente a una combinación de cambios fácticos y doctrinales. Por un lado, es cierto que gran cantidad de conflictos intraestatales “tapados” por la Guerra Fría han salido a la luz[6]. El desmembramiento de la ex URSS y de la ex Yugoeslavia son casos testigo de esto. Por otra parte, los actores no estatales han incrementado considerablemente su poderío económico, sus capacidades en términos de armamentos y su accionar transnacional; en particular el crimen organizado -en su variante del narcotráfico- y el terrorismo. En tercer lugar, la creciente y complejizada interdependencia de los países en la era de la globalización determina que elementos no militares se conviertan en amenazas a la seguridad de los Estados (entendida como capacidad de supervivencia e integridad territorial y social). Las catástrofes medioambientales, las pandemias y el multiculturalismo son algunas de estas nuevas dimensiones de la seguridad.

En el plano doctrinal se ha registrado un alejamiento del clásico principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, a favor de un renovado intervencionismo de las Naciones Unidas, las organizaciones regionales (OTAN) o Estados particulares (USA). El sistema de la ONU para manejo de crisis fue creado en 1945 atento a las crisis de aquel momento, pero la violencia actual es mayormente intraestatal y los instrumentos de la Carta no son efectivos para frenarla.[7]

La intervención en los asuntos internos ha pasado a estar “justificada” en base a 2 supuestos:
Los conflictos intraestatales no quedan confinados a las fronteras de un Estado, sino que se desbordan. Ya sea por el problema de los refugiados que cruzan la frontera y demandan servicios del Estado vecino; los grupos terroristas, rebeldes o paramilitares que buscan refugio, reabastecimiento o auxilio en otros países; la posibilidad de que se genere un vacío de poder propicio al establecimiento de organizaciones terroristas o criminales que luego operen en toda la región; lo cierto es que las consecuencias de los conflictos, aunque estén motivados por causas internas, traspasan las fronteras y comprometen la seguridad de la región y del mundo. Los disturbios al interior de los Estados también son causa de los disturbios en las relaciones entre ellos.
La intervención humanitaria y la responsabilidad de proteger del Estado. Progresivamente la comunidad internacional ha ido aceptando que las personas tienen derechos y los Estados responsabilidades que trascienden los principios de no intervención o neutralidad humanitaria. Entonces, si bien la responsabilidad de proteger a la población civil de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad recae sobre los Estados, cuando éstos requieran apoyo o fallen en su compromiso, la comunidad internacional comparte esta responsabilidad y puede justificar una intervención. Este principio comenzó a afianzarse a partir del análisis del genocidio de Rwanda y la inefectiva intervención de la comunidad internacional para evitar los crímenes y reducir el sufrimiento. Las limpiezas étnicas en los Balcanes y Kosovo (1995, 1999) también alimentaron el debate. El Secretario General Kofi Annan planteó la primacía de la responsabilidad de proteger en el Informe del Milenio de 2000 y luego, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados publicó un informe titulado “La responsabilidad de proteger”. En él se estableció que la soberanía daba al Estado el derecho de controlar sus asuntos, pero también la responsabilidad primaria de proteger a la población dentro de sus fronteras. Cuando no lo hiciera (por falta de capacidad o voluntad), la responsabilidad incumbía a la comunidad internacional en su conjunto. Este concepto fue apoyado por el Grupo de Alto Nivel establecido por el Secretario General en 2004, que agregó que el uso de la fuerza como último recurso estaba legitimado. En 2005 dos documentos volvieron a retomar el tema: el informe del Secretario General “Un concepto más amplio de la libertad” y el Documento Final de la Cumbre Mundial mediante el cual todos los Estados aceptaron oficialmente su responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como la intervención de la comunidad internacional en caso de falla.[8]

A modo de resumen, podemos decir que se incrementan las competencias y atribuciones de la comunidad internacional y sus organizaciones dentro de los Estados y sin su consentimiento. Esto se deriva de una creciente relación entre la justicia para los individuos y la paz y el orden a nivel internacional. Se afirman estándares mínimos de calidad de vida y justicia que conforman una especie de moral cosmopolita (derechos humanos).

Veamos ahora algunas de las características de los conflictos contemporáneos:
Las “nuevas guerras” (término acuñado por Mary Kaldor del Center for the Study of Global Governance de la LSE) se dan en un contexto de erosión del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado (no pueden usar la fuerza de manera unilateral en temas exteriores y hacia el interior la violencia se ha privatizado a partir del crecimiento de las organizaciones criminales).
Los combatientes suelen emplear estrategias asimétricas (término desarrollado por Steven Metz del Instituto de Estudios Estratégicos) para obtener una ventaja en el enfrentamiento de fuerzas de características disímiles. El grupo o las fuerzas que inicialmente estarían en inferioridad de condiciones (menos numerosas, menos equipadas), explotan de forma innovadora las limitaciones y vulnerabilidades del enemigo para generar un impacto psicológico, desestabilizarlas y obtener la victoria. Los conflictos asimétricos suelen darse en zonas urbanas, ya que a los combatientes irregulares no les preocupa involucrar a la población civil (de hecho, muchos conflictos se terminan convirtiendo en guerras civiles) y causar daño mientras que los ejércitos regulares deben minimizar su impacto. De esta forma, la violencia deja de estar codificada y las reglas del Derecho Internacional Humanitario son dejadas de lado.[9]
En palabras de Hobsbawm “A principios del s. XXI, estamos en un mundo donde las operaciones armadas ya no están fundamentalmente en manos de los gobiernos y de sus agentes autorizados y donde las partes en conflicto no comparten características, ni estatus, ni objetivos, excepción hcha del deseo de recurrir a la violencia”.[10]
La línea divisoria entre guerra y paz se desdibuja, ya que los conflictos no empiezan ni terminan oficialmente sino que la violencia recrudece o remite en forma intermitente. El conflicto se vuelve un estado permanente y endémico.
La gestión de la paz y la seguridad internacionales no responden a reglas claras sino a un plan improvisado y ad hoc: en ciertos casos las hostilidades terminan con la intervención de ejércitos extranjeros (con o sin el auspicio de las Naciones Unidas), en otros las potencias regionales desarrollan en forma individual una intervención a largo plazo en sus zonas de influencia. En cualquier caso, los países se ven obligados a extender sus intervenciones indefinidamente, a enormes costos y sin que les reporten intereses u objetivos concretos.[11]
Principalmente se emplean armas livianas, fácilmente accesibles y transportables, y de bajo costo. El fin de a Guerra Fría dejó enormes arsenales disponibles para su comercialización legal e ilegal.
Aunque las autoridades estatales tienen a su alcance medios de control y represión (armas, tecnología de vigilancia, etc) mayores que en cualquier otra época, el umbral de tolerancia de las sociedades occidentales al empleo de la violencia oficial es cada vez menor mientras que la tolerancia hacia la violencia no oficial (de los marginados, los delincuentes, los grupos locales o transnacionales) es cada vez mayor.

En este contexto estratégico, las OMP de las Naciones Unidas debieron adaptarse. A las tareas estrictamente militares se le fueron sumando otras de tipo político o administrativo, transformando a las misiones en multidimensionales y orientadas a lograr la aplicación de acuerdos de paz amplios y ayudar a establecer las bases de una paz sostenible (construcción de la paz o peace building). Actualmente, las misiones realizan una gran variedad de tareas, desde ayudar a establecer instituciones de gobernanza (observadores electorales), a la vigilancia de la situación de los derechos humanos y la reforma del sector de la seguridad, el desarme, la desmovilización, la remoción de minas y la reintegración de los excombatientes.[12]

Por otra parte, también se dio el caso de que las Naciones Unidas fueran llamadas a intervenir en territorios donde no había “dos Estados en conflicto” o donde directamente no había un interlocutor estatal a quien solicitarle la autorización para la misión. En estos casos se habla de misiones de imposición de la paz (peace enforcement). Kosovo fue el único caso en el que una fuerza internacional se desplegó en un Estado en oposición al gobierno soberano de ese Estado (Serbia). Hubo otros casos, como por ejemplo la Res. 794, en que se autorizó el ingreso de tropas americanas en Somalia cuando el gobierno somalí ya había dejado de existir. La problemática de las “zonas grises”, sin gobierno o los Estados con diferentes niveles de debilidad y falla está muy vinculada a esta modificación en la modalidad de las OMP.


5. Nuevos estudios de seguridad en el mundo de la post Guerra Fría

Durante mucho tiempo, hablar de seguridad era sinónimo de defensa del territorio estatal contra un ataque externo, pero –como hemos visto- hoy las exigencias de seguridad incluyen protección de las comunidades y de los individuos contra la violencia interna. Por este motivo, el mismo término “seguridad” ha sido puesto en debate y a pasado a referirse a realidades muy diferentes.

Los actuales estudios de seguridad adoptan un enfoque que es multi-dimensional y multi-actor. A diferencia de los estudios realistas que se centraban en los aspectos militares de la seguridad nacional y que consideraban como actores privilegiados a los Estados, los actuales estudios incorporan el nivel de la persona, las comunidades y la humanidad y las dimensiones política, económica, social y medioambiental.[13]

Uno de los principales autores que estudia el tema, Barry Buzan, define a la seguridad como “la capacidad de liberarse de la amenaza y de mantener su independencia en lo que se refiere a su identidad y a su integración funcional (bien sean los Estados o las sociedades) frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles”.[14]

A partir de esta definición, y en colaboración con Weaver y de Wilde, Buzan elabora lo que se conoce como el marco teórico de la securitización. Se trata del análisis del proceso por el cual un cierto sector se politiza en forma extrema y ve cambiar su status hasta relacionarse con el término “seguridad” y pasar a integrar la agenda de seguridad. Frente al concepto realista de amenazas a la seguridad dadas y objetivas, Buzan plantea la construcción intersubjetiva y discursiva de las amenazas:
El objeto referente es el sector o tema que se presenta como existencialmente amenazado.
El actor que favorece la securitización es quien construye este discurso, presenta la amenaza existencial, argumenta a favor de la prioridad del tema y exige la adopción de medidas de emergencia y extraordinarias (más allá del procedimiento político normal y en contra del mismo ordenamiento normativo).
El actor funcional es el que afecta la dinámica del sector e influye en las decisiones relativas a la seguridad.
Finalmente estaría la sociedad que recibe el discurso securitizante y lo valida o rechaza.

A través de procesos de securitización, numerosos temas están siendo empujados hacia la agenda de seguridad, sin llegar a un grado máximo aún. Buzan plantea la existencia de un continuo que abarca un tema no politizado, politizado y politizado en grado máximo o securitizado (exige medidas extraordinarias porque está existencialmente amenazado). El principal desafío que advierte el autor es cómo “desescalar” un tema que ha cruzado el umbral y se ha securitizado.

Otro concepto que ha cobrado una creciente relevancia en el marco de los estudios de seguridad es el término seguridad humana. Se trata, en opinión de Roland Paris[15], de un neologismo para plantear la seguridad internacional como algo más que la defensa militar de los Estados y su territorio. El concepto enfatiza el bienestar de los ciudadanos y sus comunidades y comprende una multiplicidad de dimensiones (alimentación, salud, trabajo, derechos humanos, democracia, seguridad física, seguridad medioambiental, etc). La seguridad humana tiene 2 aspectos fundamentales. El primero significa seguridad frente a ciertas amenazas crónicas, como el hambre, la enfermedad y la represión. El otro implica la protección frente a disrupciones súbitas y dañinas en los patrones de la vida cotidiana, en los hogares, los trabajos o las comunidades. Si bien se trata de un concepto popular entre ONG’s, los gobiernos de ciertos países orientados a la ayuda humanitaria y círculos académicos, por otro lado plantea desafíos a la hora de usarlo como una guía para la priorización e implementación de políticas.

En las siguientes fichas iremos desarrollando las diferentes cuestiones que, desde estas nuevas corrientes de estudios de seguridad, se han ido planteando como amenazas o temas vinculados a la agenda de seguridad.

Lecturas recomendadas


VAN CREVELD, Martin (1990) The Transformation of War. The Free Press. London. Cap. 1 “Contemporary War”.

HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el siglo XXI. Barcelona: Crítica. Cap. 1 y 9.

BAYLIS, John y SMITH, Steve eds. (2000) The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford University Press.

SAMPÓ, Carolina (2008) “Una aproximación a los conflictos armados contemporáneos. Características y particularidades” en Revista Ágora Internacional. Buenos Aires.

BUGNION, Francois (2002) “Guerra justa, guerra de agresión y derecho internacional humanitario” en Revista Internacional de la Cruz Roja N° 847. Consultado en: http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TECMU

ARREDONDO, Ricardo (2006) Seminario: “El Uso de la Fuerza en el Derecho Internacional”. Universidad Autónoma de Madrid.

NACIONES UNIDAS (2004) Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de Alto Nivel sobre los Desafíos, las Amenazas y el Cambio. En http://www.un.org/spanish/secureworld/

NACIONES UNIDAS: “Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio” en http://un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml

GLENNON, Michael (1999) “The New Interventionism: The Search for a Just International Law” en Foreign Affairs May/June 1999

BARBÉ, Esther y PERNI, Orietta (2001) Más allá de la seguridad nacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.

PARIS, Roland (2001) “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” en International Security Vol. 26 No. 2 Fall. Pag. 87-102.

[1] BUGNION, Francois (2002) “Guerra justa, guerra de agresión y derecho internacional humanitario” en Revista Internacional de la Cruz Roja N° 847. Consultado en: http://www.icrc.org/WEB/SPA/sitespa0.nsf/html/5TECMU
[2] ARREDONDO, Ricardo (2006) Seminario: “El Uso de la Fuerza en el Derecho Internacional”. Universidad Autónoma de Madrid.
[3] BUGNION, Francois (2002) Op. Cit.
[4] VAN CLAVEREN, Martin (1990) The Transformation of War. The Free Press. P. 2.
[5] SAMPO, Carolina (2008) “Una aproximación a los conflictos armados contemporáneos: características y particularidades” en Revista Ágora Internacional. P. 9.
[6] SAMPO (Op. Cit.) sostiene que algunas de las causas del “destape” de los conflictos son el fin del apoyo económico o político que las potencias daban a los Estados de su zona de influencia y la presión internacional en torno a la democratización.
[7] GLENNON, Michael (1999) “The New Interventionism” en Foreign Affairs May/June. El autor verificaba una ausencia de reglas claras respecto a en qué casos es legítimo intervenir en los asuntos internos de otros Estados, ya que las reglas de la Carta fueron dejadas de lado en varias ocasiones para superar la anticuada dicotomía de conflictos internacionales y conflictos internos. El sistema de Naciones Unidas se basa en una premisa que ha dejado de ser válida: el grueso de las amenazas a la paz y seguridad internacionales provendrá de conflictos interestatales. El sistema emergente es más tolerante con las intervenciones militares, tiene reglas ad hoc; no tiene tanta deferencia por la soberanía, la igualdad o la no intervención. Parte de la base de que la mayor amenaza a la seguridad internacional es la violencia interna: el orden doméstico es responsabilidad primordial del Estado y, si éste falla y los costos humanitarios de no intervenir son muy elevados, la intervención está legitimada. El autor advierte el peligro de la falta de reglas claras y mecanismos de control que garanticen que las potencias no van a hacer abuso de su situación privilegiada en el nuevo sistema.
[8] Naciones Unidas: “Las Naciones Unidas y la prevención del genocidio” en http://un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml
[9] Mientras que en la 1º Guerra Mundial el 5% de las víctimas fueron civiles y en la 2º el 66%, actualmente más del 80% de las víctimas de cualquier conflicto son pobladores civiles. HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el s. XXI. Crítica. Barcelona. P. 4.
[10] HOBSBAWM, Erich (2007) Guerra y paz en el s. XXI. Crítica. Barcelona. P. 3.
[11] Ibid. P. 15.
[12] Oficina de Información Pública de las Naciones Unidas.
[13] BARBÉ, Esther y PERNI, Orietta (2001) Más allá de la seguridad nacional. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona.
[14] Ibid.
[15] PARIS, Roland (2001) “Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?” en International Security Vol. 26 No. 2 Fall. Pag. 87-102.