FICHA 13: Estados fallidos

1. Introducción al tema.

En esta Ficha abordaremos el tema de los Estados fallidos, la debilidad institucional y la corrupción desde la perspectiva de que pueden constituirse en amenazas a la seguridad global, interactuando con las otras amenazas vistas en fichas anteriores.

En cuanto a los Estados fallidos, tras conceptualizarlos, analizaremos sus causas, características y consecuencias, presentaremos uno de los instrumentos de medición (el Índice de Estados Fallidos) y ofreceremos una perspectiva crítica sobre este concepto y sus consecuencias en materia de políticas.


2. Aproximación al concepto de Estado fallido.

Desde que el Estado Nación surge como tal ha habido diferentes clases de Estado en cuanto a su homogeneidad social, su integridad territorial, la ausencia de disputas a su interior y la capacidad de los gobiernos de turno para solucionar los problemas y satisfacer las necesidades de su población. Durante la Guerra Fría se dieron casos de falla estatal, pero no fueron considerados una amenaza a la seguridad global por las superpotencias.[1] A principios de los ’90, los casos de falla o colapso estatal se enfocaron desde la óptica de las crisis humanitarias y se los asistió a través de ONG’s de desarrollo, derechos humanos y la participación de organismos y organizaciones internacionales (PNUD, UNICEF, etc). Se dieron algunas intervenciones militares (multilaterales) en Somalía, Haití, Bosnia y posteriormente Kosovo.

Sin embargo, con la Tercera Ola de la Democratización algo cambió. La forma en que los gobiernos se organizan tiende a responder –al menos en lo formal- a los cánones republicanos y democráticos. La fortaleza de sus instituciones (como la división de poderes, el rule of law, la seguridad jurídica, la transparencia de las elecciones, el respeto a los derechos humanos, etc) se han convertido en estándares de mínima que diversos actores de la comunidad internacional monitorean y publicitan (ONG’s, Organizaciones Regionales o Internacionales). Y los temas de calidad institucional han comenzado a vincularse con los estudios de seguridad.

Ahora bien, entre un Estado sólido en todas las dimensiones mencionadas y con un relativo buen desempeño socioeconómico, y un Estado destruido (como por ejemplo la ex Yugoslavia cuando estaba en proceso de desintegración, o Haití en medio de la guerra civil) existe un continuo de situaciones que reflejan diferentes niveles de fortaleza, debilidad y viabilidad de los Estados. Algunas de las debilidades –por ejemplo las vinculadas a la pérdida de control del territorio, los conflictos internos o niveles flagrantes de corrupción- son susceptibles de interactuar con amenazas a la seguridad como el crimen organizado, el terrorismo, la proliferación de armas, etc. Por esta vía podemos afirmar que los Estados con determinados niveles de debilidad pueden constituirse en amenazas a la seguridad regional y global.

Por otro lado, y a partir del reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del “deber de proteger del Estado” y de la capacidad de los conflictos internos de desbordar las fronteras, un Estado débil en términos de violación a los derechos humanos, incapacidad de proveer los medios de subsistencia básica a su población (situaciones de crisis humanitaria) o envuelto en enfrentamientos étnicos o religiosos, estaría incumplimiendo su deber de proteger y sería susceptible de atención por parte de la comunidad internacional.

En la década del ’90, asociado al replanteo de la autonomía de los Estados sobre sus asuntos internos, comenzó a elaborarse un concepto teórico no exento de implicancias prácticas. Hacemos referencia al término “Estado fallido”.


3. Definición de Estado fallido

La categoría de Estado fallido se ha convertido en un elemento habitual del lenguaje estratégico y tiene infinidad de definiciones. Según el Fondo por la Paz y la Revista Foreign Policy: “un país que fracasa es aquel en el que el gobierno no tiene el control real de su territorio, no está considerado como legítimo por una parte importante de la población, no ofrece seguridad interna o servicios públicos esenciales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza. (…) Un Estado en vías de fracaso puede padecer violencia o simplemente ser propenso a ésta”.

Los Estados existen para proveer bienes políticos a sus ciudadanos, tales como seguridad, educación, servicios de salud, oportunidades y desarrollo económico, cuidado ambiental, un marco legal de orden y un sistema judicial que lo administre, y necesidades de infraestructura fundamentales. Entonces, “los Estados fallan cuando no pueden satisfacer las demandas de bienes políticos positivos a su gente por más tiempo. Sus gobiernos pierden legitimidad (…) y el Estado Nación mismo se vuelve ilegítimo para sus ciudadanos”.[2]

De las definiciones anteriores surgen una serie de características importantes:
La falla del Estado no se produce de un día para el otro, es un proceso de debilitamiento que transcurre en el tiempo y no necesariamente desemboca en la falla o colapso. Hay docenas de Estados con diferentes niveles de debilidad en el mundo y no necesariamente desembocarán en Estados fallidos, pero es una posibilidad latente.
El Estado fallido está dividido internamente, no hay Estado fallido sin tensiones inter-comunales / étnicas / lingüísticas, etc. Esto no quiere decir que todo Estado multiétnico o multicultural está condenado a la falla ni que solamente por no ser capaces de tender puentes e integrar diferentes comunidades el Estado va a fallar, pero es un factor de alerta.
El nivel de violencia interna no define al Estado fallido, pero es un componente que está presente. Los Estados fallidos suelen albergar constantes conflictos entre las comunidades que lo integran (étnicas, religiosas, lingüísticas, culturales, etc.), por diversidad de intereses, falta de armonía interna, grandes diferencias económicas, etc. La intensidad de la violencia no los define, sino el carácter duradero de la violencia contra el régimen y el nivel de las reivindicaciones políticas o geográficas por compartir el poder o la autonomía que racionalizan o justifican esa violencia.
Una característica importante, aunque no definitoria, es que los Estados fallidos no tienen control sobre sus fronteras y han perdido incluso el control sobre zonas de su territorio (el gobierno domina solamente la ciudad capital y zonas específicas).
Sus instituciones son débiles y defectuosas. Por lo general funciona el poder ejecutivo, las funciones legislativas están anuladas, el poder judicial está subyugado y los ciudadanos no confían en la ley ni la justicia. Las instituciones militares se mantienen pero están politizadas.
Son incapaces de brindar seguridad a sus ciudadanos, que buscan protección en “señores de la guerra” locales que expresan solidaridad étnica o constituyen nuevos clanes, fortalecidos ante el desmoronamiento del orden anterior.
Las poblaciones desprotegidas pierden sus bienes, recursos y medios de subsistencia, quedándose sin ingresos y viéndose forzadas a desplazarse o migrar. Se convierten en refugiados, a merced de quien les de alimentos y un motivo para continuar viviendo.
La violencia criminal está en expansión a partir de la debilidad y desaparición de la autoridad estatal. El gobierno puede criminalizarse y oprimir a sus ciudadanos. En paralelo, la ilegalidad se vuelve evidente: bandas y organizaciones criminales asumen el control de las ciudades; traficantes de armas y drogas se mueven libremente; las fuerzas policiales se paralizan; la anarquía se convierte en la nueva norma.
La infraestructura pública está totalmente deteriorada, destruida o controlada por grupos violentos. Los sistemas educativos y de salud se privatizan o se hunden en la miseria.
Los niveles de PBI nacional y per cápita caen. Se suceden ciclos ininterrumpidos de déficit e inflación y surgen mercados negros (cambiarios, de bienes de primera necesidad, etc). Estas situaciones proveen oportunidades económicas para unos pocos (actividades criminales por ejemplo).
Florece la corrupción, a escalas destructivas. Las elites invierten sus ganancias en el exterior y algunos se dan lujos con fondos estatales. Ninguna ganancia se aplica al desarrollo del propio Estado.

El Estado colapsado es la versión extrema del Estado fallido y se da cuando los rasgos anteriormente enumerados se encuentran presentes en su máxima expresión: hay un literal vacío de autoridad. En los casos de Somalía o Sierra Leona en los ’90, el Estado colapsó y los actores subestatales tomaron el poder que pudieron conseguir por medios ilegítimos (algunos aspiran a convertirse en cuasi Estados, como sucedió con Somaliland). Otros casos de Estados fallidos en el s. XXI serían Afganistán, Angola, Burundi, DRC, Liberia, Sierra Leona o Sudán. Somalía continúa estando colapsado.

Por su parte, el Estado débil es una categoría que abarca un amplio espectro de situaciones: Estados inherentemente débiles por constreñimientos geográficos, físicos o económicos; afectados por antagonismos internos o malos gobiernos circunstanciales; tensiones inter-étnicas o inter-comunales que aún no han escalado a situaciones de violencia; combinación de elevadas tasas de criminalidad urbana, infraestructura deteriorada y progresiva desigualdad en la distribución del ingreso; cierto grado de inestabilidad de la ley y los contratos. Otro caso de Estado débil está representado por las autocracias, cuyo poder aparentemente es monolítico pero tiene muy frágiles fundamentos y no provee bienes políticos a los ciudadanos (ejemplo: Corea del Norte).


4. ¿Por qué fallan los Estados y qué hace la comunidad internacional al respecto?

Rotberg realiza una interesante afirmación al decir que ni las condiciones geográficas, ambientales, externas, ni la heterogeneidad interna son suficientes para explicar la falla de un Estado. Ésta generalmente se produce por “efecto del hombre”, ya sea de los gobernantes (corrompidos, vinculados al crimen organizado, negligentes, destructores de las instituciones), de los líderes de las diferentes facciones en pugna, los señores de la guerra, etc. Zaire/DRC, Angola y Zimbabwe son ejemplos de países con una interesanet dotación de recursos naturales que han sido llevados al fracaso por el mal gobierno o las cleptocracias en el poder. Rotberg concluye que “las decisiones de los responsables políticos y sus fallas son los factores que destruyen a los Estados”.

Las peligrosas exportaciones de los Estados débiles -terroristas internacionales, capos del narcotráfico, arsenales de armas- son tema de interminable discusión y preocupación. Los Estados fallidos son susceptibles de convertirse en zonas hospitalarias y seguras para actores no estatales – señores de la guerra y terroristas – siendo foco de la preocupación de la comunidad internacional.

Los estudios han demostrado que es mucho más sencillo y menos costoso para la comunidad internacional brindar ayuda para frenar un espiral de debilitamiento, que intervenir para reconstruir desde cero un Estado fallido o colapsado. En éste caso los desafíos son tantos y a tan largo plazo que desincentivan cualquier iniciativa seria de intervención o asistencia: hay que reconstruir la seguridad desde cero, pacificar al interior, resolver asuntos de justicia y derechos humanos, reconstruir la infraestructura para permitir comenzar a trabajar en el crecimiento y desarrollo económico, atender temas urgentes de pobreza, hambruna y enfermedades, recrear la administración y las instituciones, volver a cimentar la confianza del pueblo en el gobierno, etc. Esta lista es muy similar a la lista de desafíos que enfrentan las Operaciones de Construcción de la Paz de Naciones Unidas (Timor Oriental, por ejemplo) o USA en Afganistán.

En vistas del desafío que presenta la reconstrucción post-conflicto del Estado fallido, resulta claro que el fortalecimiento de los Estados débiles, propensos a fallar, es una política prudente que contribuye al orden mundial, minimizando los enfrentamientos, las víctimas, los heridos, los refugiados, y los desplazados. Asimismo, se eliminan los posibles vacíos de autoridad y poder sobre los cuales los terroristas actúan y prosperan.


5. Una herramienta de medición: el Índice de Estados Fallidos

En su trabajo de 2002 Rotberg realizaba una lista tentativa de Estados colapsados, fallidos, débiles y con cierto grado de compromiso. La clasificación es cuestionable (y dinámica; mucho cambió desde 2002 a la fecha, si bien gran parte de los factores que explican la falla son de tipo estructural). De hecho, el Banco Mundial y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico poseen sus propias listas que no se corresponden enteramente con la de Rotberg.

Frente a esta disparidad de criterios, la ONG de investigación Fondo por la Paz y Foreign Policy Magazine desarrollaron y explicitaron un índice anual de Estados fallidos en base a datos de 2005. El instrumento mide la debilidad, los conflictos internos violentos y la disfunción social a través de 12 indicadores clasificados en:
· Sociales: presiones demográficas crecientes; movimientos masivos de refugiados o desplazados que producen emergencias humanitarias; legados de grupos que buscan vengar sus agravios; huída de personas crónica y sostenida.
· Económicos: desarrollo económico desigual y distribuido de acuerdo con líneas de fractura grupales (étnicas, culturales, religiosas, etc); declinación económica pronunciada o severa.
· Políticos: criminalización o deslegimitación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; suspensión o aplicación arbitraria del Estado de derecho y violaciones masivas a los derechos humanos; el aparato de seguridad opera como un Estado dentro del Estado; riesgo de elites facciosas; intevención de otros Estados o actores políticos externos.
Las puntuaciones más altas representan más inestabilidad mientras que las puntuaciones más bajas indican mayor solidez.

A modo de resumen general, el índice muestra una serie de datos interesantes:
· Las causas de la debilidad son diferentes y van desde conflictos armados internos, territorios buscando su autonomía, zonas controladas por el crimen organizado, deterioro progresivo de instituciones políticas y sociales.
- Si bien los síntomas de fracaso pueden aparecer en cualquier país del mundo, existen zonas que concentran a los Estados débiles: África tiene el mayor número de países inestables, albergando a 6 de los 10 Estados más frágiles y 11 de los 20 primeros.
- Los 10 Estados en mayor situación de riesgo han dado ya claras muestras de hundimiento. Costa de Marfil, un país dividido a causa de la guerra civil, es el más vulnerable a la desintegración; seguramente se desmoronaría por completo si se fueran las fuerzas de paz de la ONU. Le siguen RDC, Sudán, Irak, Somalia, Sierra Leona, Chad, Yemen, Liberia y Haití.
- Varios Estados de gran tamaño se enfrentan a graves retos producidos por el cambio demográfico, las amplias desigualdades económicas y las divisiones religiosas y étnicas. Pero también es importante la forma de reaccionar de los gobiernos para determinar el futuro de estos países:
- Pakistán, con más de 160 M de habitantes, se vio afectado por factores climáticos (terremoto de octubre de 2005, con epicentro en la Cachemira) que desplazaron a miles de personas y generaron una crisis humanitaria inabordable. También influyeron las tensiones étnicas latentes y la incapacidad del Ejecutivo para mantener el orden en las zonas tribales próximas a la frontera afgana.
- China cuenta con una economía en plena expansión y son pocos los analistas que la clasificarían entre los Estados vulnerables, pero ha vivido más de 87.000 huelgas y protestas campesinas por las incautaciones de tierras, padece importantes niveles de desempleo y corrupción.
- En el sureste asiático, Myanmar (Birmania) se ha tambaleado (pero ahora, después de las inundaciones de 2008 y la crisis humanitaria asociada), mientras que Tailandia, aunque tenga problemas en sus provincias meridionales, sigue siendo uno de los países más estables de la región.
- La estabilidad de Zimbabue, que padece unas pésimas prácticas de gobierno y una corrupción endémica, ha descendido sostenidamente. Diversas pandemias afectan la subsistencia de la población.
- Nigeria, pese a la riqueza de sus recursos, ha seguido descomponiéndose; en cambio, Ghana es uno de los Estados más prometedores de África occidental. Kenia ha mejorado pese a los escándalos de corrupción y una frontera porosa con Somalia.
- En Europa, el impulso de la UE ha acelerado la recuperación de Bosnia Herzegovina.
- Algunos Estados de América Latina han escalado posiciones, como Venezuela (si bien sus políticas económicas no benefician a la mayoría de los venezolanos, su posición anti-USA y los elevados precios del crudo le han ayudado a consolidar el poder y estabilizar el país a corto plazo), Guatemala y República Dominicana.

El debilitamiento de un Estado se vuelve doblemente peligroso si posee ADM. 4 países son especialmente preocupantes por su capacidad o ambición nuclear. Corea del Norte, un régimen aislado con una visión del mundo hostil, está en el puesto 13 de las naciones en peligro de derrumbarse. Pakistán, en el puesto 34, posee un arsenal considerable. Irán está en el 57, aún en la zona de peligro. Rusia, con su inmenso arsenal, está en el 59. Si cualquiera de estos regímenes empieza a tambalearse, seguramente se producirá una carrera desesperada para salvaguardar este tipo de armas (o los elementos para su fabricación). Las posibilidades de proteger las cabezas nucleares cuando se hunde un Estado dependen de cómo se produzca este proceso. Si la caída va acompañada de saqueos y disturbios generalizados, la tarea puede ser imposible. La presencia de grupos islámicos radicales en Pakistán hace que su arsenal preocupe especialmente.

Se evidencia una firme correlación entre las puntuaciones sobre corrupción (Transparencia Internacional) y la inestabilidad de un Estado. 8 de los 10 países más estables figuran también entre los 10 menos corruptos. Chile (considerado el menos corrupto de Latinoamérica) es también el menos vulnerable de la región, mientras que Paraguay (con una amplia economía gris) recibe las peores puntuaciones del subcontinente.

Veamos la tabla con los resultados para 2008: acceder a la web de Fund for Peace


6. Corrupción, calidad institucional y seguridad[3]

Los puntos anteriores pusieron en claro la relación existente entre la calidad institucional (división de poderes, respeto al Estado de derecho, igualdad ante la ley, integridad de políticos y funcionarios) y la posibilidad de falla del Estado (que puede derivar en una amenaza a la seguridad nacional, regional y global en combinación con otros factores).

Ahora bien, la cuestión de la corrupción –íntimamente vinculada a la calidad institucional- no siempre estuvo en la agenda de los actores globales. De hecho, hasta hace relativamente pocas décadas, se consideraba una cuestión interna de los Estados sobre la que ningún otro actor tenía ingerencia. Durante los ’90, en diferentes organizaciones internacionales y organismos de desarrollo comienza a cobrar fuerza la idea de que a menos que se luchara contra la corrupción, todos sus esfuerzos iban a ser en vano. Por ejemplo, el Banco Mundial otorgaba préstamos a países para contribuir con su desarrollo; pero si debido a la corrupción el dinero no se destinaba a sus verdaderos fines y terminaba filtrándose a cuentas privadas / siendo derivada para otros propósitos / o se perdía en contrataciones innecesarias con empresas locales o extranjeras, cualquier acción del Banco dejaba de tener sentido y los programas de desarrollo quedaban distorsionados por las acciones corruptas. Los mismos gobiernos de los países de la OCDE, con excepción de USA que lo había penado, toleraban la corrupción en el extranjero y permitían que sus empresas dedujeran de impuestos el dinero que habían tenido que destinar a sobornos en licitaciones u otras acciones comerciales.

La acción desde las organizaciones intergubernamentales era compleja debido al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Entonces, la arena desde la cual se comenzó a presionar para introducir el tema de la corrupcón en la agenda de negociaciones fue la sociedad civil en conjunto con los medios de comunicación. El propósito de su accionar inicial no sólo fue generar una toma de conciencia global (dirigida especialmente a los gobiernos de países desarrollados que eran los mayores aportantes a programas de desarrollo) sobre el tema y sus múltiples implicancias (para las sociedades, los gobiernos y las empresas privadas); sino también presentarla como una amenaza para la democracia en combinación con el crimen organizado y el terrorismo.

Los principales propulsores del tema fueron ONG’s conformadas por ex funcionarios nacionales (de agencias de desarrollo) e internacionales (de la ONU y sus agencias), académicos y algunos líderes sociales de países en desarrollo. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de las organizaciones que surgieron a principios de los ’90 fue Transparencia Internacional (TI), una ONG con sede en Alemania, directivos de diferentes países desarrollados y una red de ONG’s asociadas en cada uno de los países en los que actúa (por ejemplo, Poder Ciudadano en Argentina).

De acuerdo con Peter Eigen, fundador de TI, el 11 de Septiembre marcó un quiebre importante en la lucha contra la corrupción: “la corrupción se vio bajo una nueva luz, ya que ahora hemos de concebirla no sólo como un delito económico sino también como un claro instrumento del terrorismo”[4].

Desde los primeros años de los ’90 hasta la fecha, ha habido numerosos avances en los intentos de coordinar políticas y establecer reglas comunes para combatir la corrupción a través de las fronteras. Los países de la OCDE cuentan con una convención que prohibe y penaliza la entrega de sobornos en el extranjero. A partir de la entrada en vigor de este instrumento (1999), las empresas no sólo no pueden desgravar los sobornos de los impuestos sino que además sus directivos son pasibles de sanciones penales aunque los delitos se hayan cometido en otro país. La OCDE además conformó un grupo de trabajo que se encarga de verificar que las provisiones de la Convención se incorporen al derecho nacional, que las penas por corrupción dentro y fuera de territorio se equipararan y que efectivamente la Convención se pusiera en práctica. Las prácticas anticorrupción, monitoreos y verificaciones también se han incorporado a la operatoria de las organizaciones internacionales, especialmente en lo relativo a financiamiento del desarrollo. En 2003, las Naciones Unidas promovieron la adopción del Convenio contra la Corrupción (o convenio de Mérida) que propone simplificar las acciones y la asistencia legal entre países, agilizar la devolución de activos y bienes robados, entre otros. En el plano de las acciones no vinculantes promovidas por la sociedad civil, también podemos mencionar las actividades de difusión que imponen costos de reputación (la publicación anual de índice de percepción de la corrupción de TI), las cartas de compromiso o pactos de integridad (las firman las administraciones públicas y las empresas que participan de una licitación pública y son monitoreadas por ONG’s), etc.[5]


CASO DE ESTUDIO: Colombia[6]

Por décadas Colombia ha estado envuelta en una guerra civil entre las guerrillas (las principales organizaciones son las FARC y el ELN) y el gobierno a la que, en los años ’90, se le incorporaron los grupos paramilitares (AUC). No se trata de un conflicto por la conquista del poder o el cambio de régimen, sino que está atravesado por el crimen organizado transnacional (narcotráfico) y el terrorismo internacional (se han detectado vínculso entre las FARC y otras organizaciones como ETA o IRA). En una de las tantas rondas de negociaciones por la paz, las FARC consiguieron que el gobierno les concediera un espacio de territorio desmilitarizado que –con variaciones- vienen controlando desde entonces. Esto ha dado lugar a la construcción de un Estado paralelo y ha producido el desplazamiento de miles de pobladores en busca de seguridad y mejores condiciones.

Junto a la pérdida del dominio sobre todo el territorio nacional, el Estado colombiano enfrenta el problema de la debilidad de sus instituciones (nacionales, regionales, locales, aparatos de justicia y seguridad) para hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Las FARC y AUC, con el dinero del narcotráfico, penentran en las instituciones y las corrompen para evitar la imposición de penas (fallos judiciales, extradiciones, etc). De hecho, el dinero del narcotráfico ha estado involucrado en el financiamiento de campañas presidenciales. De acuerdo con el testimonio del jefe de la misión de observación de la OEA: “el peligro es que los grupos –paramilitareas y guerrilleros- tienen una inmensa fuente de dinero que proviene del narcotráfico y les permite desarrollarse y reclutar nuevos miembros, de manera tal que continúan afectando a la población”.

El gobierno del presidente Uribe ha combinado una serie de estrategias para luchar contra estos problemas: tareas de inteligencia y uso de la fuerza contra las organizaciones guerrilleras / terroristas (capturas, redadas, liberación de rehenes); cooperación con USA (Plan Colombia - 1999); la Ley de Justicia y Paz (dictada en 2005 y corregida en 2006 para amnistiar a los paramilitares que se desmobilizaran, proceso que es monitoreado por la OEA). El proceso de desmobilización ha revelado hasta qué punto los paramilitares se han infiltrado en la política colombiana: investigaciones de la Fiscalía General han expuesto vínculos de las AUC con los comandantes militareas y policiales, funcionarios y políticos (incluyendo a un ex gobernador, un ex ministro de Relaciones Exteriores y varios legisladores).

La actividad de los grupos criminales en Colombia no sólo plantea amenazas a otros países vía el narcotráfico, lavado de dinero u otras actividades criminales sino que también, como en el caso de Ecuardo, puede implicar un conflicto bilateral. En marzo de 2008, militares colombianos cruzaron la frontera con Ecuador en una operación de persecución y captura de elementos de las FARC. La invasión territorial fue condenada por los gobiernos de Ecuardo y Venezuela, que cortaron las realciones diplomáticas con Colombia. Por su parte, el gobierno de Uribe emitió una disculpa por la incursión pero pidió mayor colaboración de sus pares regionales para luchar contra las FARC (insinuó que éstas conseguían protección en el territorio de países vecinos que “hacían la vista gorda” o colaboraban abiertamente con la organización). El incidente no tuvo una escalada militar, pero sienta un precedente que genera alerta en Latinoamérica.

7. Conclusiones

En un mundo cada vez más interconectado, los Estados débiles e ingobernables plantean un grave riesgo para la seguridad global y se han convertido en uno de los desafíos más importantes de política exterior.

La debilidad y vulnerabilidad de los Estados está asociada a los conflictos internos, interestatales y transnacionales. Cuando prevalece el caos, se genera un espacio para que se desarrollen el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas y otras formas de delincuencia organizada. Abandonada a serios aprietos, sometida a la depredación y sin acceso a servicios básicos, la sociedad puede dejarse llevar por demoagogos incitadores de odios o buscar asistencia en los líderes locales (señores de la guerra).

La comunidad internacional reconoce estos problemas pero aún no está organizada adecuadamente para tratar los fracasos de la gobernabilidad. Está demostrado que la reconstrucción de un Estado colapsado es más larga, costosa y difícil que la actuación temprana en prevención de conflictos. La prevención es la herramienta que debe desarrollarse, junto con formas no intrusivas de influir en la dirección que adoptan las políticas económicas, la configuración del sistema político, las provisiones para la seguridad interna, entre otras.

La globalización de la economía, las finanzas y la tecnología ofrecen oportunidades para las poblaciones de los países en desarrollo. Pero éstos sólo podrán aprovecharlas si están libres de conflictos y si sus instituciones son lo suficientemente sólidas y transparentes como para no desviar ni asignar ineficientemente los recursos y oportunidades.

No existen vías rápidas en el camino a la estabilidad, pero algunos de los cimientos que deben colocarse son: el establecimiento de una justicia independiente, el desarrollo de un cuerpo de funcionarios competentes y la puesta en práctica de campañas contra la corrupción, en paralelo con un programa de desarrollo económico y social. No hay atajos para lograr la estabilidad: las elecciones pueden dar voz a los desposeídos, pero no siempre se traducen en una capacidad real de gobierno.

Las instituciones internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial y FMI) junto con las agencias de desarrollo de los Estados de la OCDE y la sociedad civil global pueden ayudar. Sin embargo, la participación a gran escala de extranjeros en la construcción de un Estado es compleja y costosa. Si la tarea de reconstrucción trae aparejada una intervención militar para pacificar el terreno, las necesidades logísticas y de tropas pueden ser abrumadoras. El intento de establecer el orden en Irak (sólo 26 millones de habitantes) ha puesto a prueba los recursos del ejército más poderoso del mundo.

Quienes toman las decisiones deben mantener una perspectiva de largo plazo y recordar que, aunque la complejidad de la transición es frustrante, reducir el financiamiento sólo incrementa la probabilidad de que un país caiga en el caos.

Lecturas recomendadas

Counterterrorism in African Failed States: Challenges and Potential Solutions, disponible en: http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB649.pdf

DEMPSEY, Thomas (2006) “Counterterrorism In African Failed States: Challenges And Potential Solutions”. United States Government. April 2006.

EIGEN, Peter (2005) Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder. Editorial Planeta. Buenos Aires.

EIGEN, Peter (2006) “La corrupción no es inevitable” publicado en www.ourplanet.com

EIZENSTAT, Stuart, Porter, John Edward y Jeremy Weinstein (2005) “Rebuilding Weak States” en Foreign Affairs. January/February 2005.

Estados frágiles: Iniciativa para los países de bajos ingresos en dificultades, disponible en:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:20549289~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html

Foreign Policy & the Fund for Peace (2006) “The Failed States Index” en Foreign Policy Magazine. May/June 2006. Tb en español (Junio/Julio 2006).

KRASNER, Stephen D. y Carlos Pascual (2005) “Para remediar la ingobernabilidad de los Estados” en Foreign Affairs en español. Octubre-Diciembre 2005.

ROTBERG, Robert (2002) “The New Nature of Nation-State Failure” en The Washington Quarterly. Summer 2002. Págs. 85 a 96.

ROTBERG, Robert (2004) “When States Fail: Causes and Consequences” (ed.) Princeton: Princeton University Press, 2004. Cap. 1.

[1] Foreign Policy & the Fund for Peace (2006) “The Failed States Index” en Foreign Policy Magazine. May/June 2006. Tb en español (Junio/Julio 2006).
[2] ROTBERG, Robert (2002) “The New Nature of Nation-State Failure” en The Washington Quarterly. Summer 2002. Págs. 85 a 96.
[3] EIGEN, Peter (2005) Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder. Editorial Planeta. Buenos Aires.
[4] Ibid. Pág. 19
[5] EIGEN, Peter (2006) “La corrupción no es inevitable” publicado en www.ourplanet.com
[6] HANSON, Stephani (2008) Colombia’s right wing paramilitaries. CFR.